Piden derogar leyes de defensa y APP

Representantes de organizaciones políticas, sociales y sindicales acamparon frente al Congreso para pedir la derogación de la ley de Defensa nacional y la de Alianza Público-Privada, ambas aprobadas durante el Gobierno de Horacio Cartes.

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Los manifestantes, que integran la plataforma Congreso Democrático del Pueblo (CDP), instalaron este lunes varias carpas en la plaza de Armas de Asunción, así como al costado de la ruta en varios puntos del interior de Paraguay, dijo a Efe Eladio Flecha, secretario general del Partido Paraguay Pyahurá (Paraguay nuevo, en guaraní) y uno de los componentes del CDP.

Protestan contra lo que consideran la “militarización” del país, especialmente en los norteños departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, algunas de las zonas más pobres del país y consideradas como bastiones del grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), al que el gobierno atribuye 42 asesinatos desde su creación en 2008.

La ley de Defensa, modificada a los pocos días de la llegada de Cartes al poder en 2013, prevé emplear al Ejército paraguayo en casos de “agresión interna” como el terrorismo y las “amenazas o acciones violentas” contra las autoridades sin necesidad de imponer un estado de excepción.

Para los miembros del CDP, que engloba a una treintena de organizaciones, esta situación conduce a la “zozobra de la ciudadanía” por el temor a la “fuerza represiva” de los militares.

“El pueblo no paga el salario a los militares para que se vayan al norte a cuidar de las vacas de los ganaderos, los latifundistas y los mafiosos, sino para que defiendan la soberanía”, enfatizó Flecha.

Aseguró, además, que en el norte del país “es necesaria la presencia de autoridades de los ministerios de Educación, Salud, Agricultura o de Obras Públicas, pero no de los militares”.

Por otra parte, el CDP se opone también a la ley de Alianza Público-Privada, aprobada por el Gobierno de Cartes en 2013 y que habilita la participación de empresas privadas en la construcción y gestión de obras y servicios públicos.

Sindicatos y partidos de izquierda consideran que esta ley es una “privatización disfrazada”, mientras que el Gobierno la presenta como una oportunidad para los inversores extranjeros.

El CDP opina que esta ley “es un atropello a la soberanía nacional” y significa la “entrega del patrimonio de Paraguay”.

“El Estado va a financiar a las multinacionales que tengan problemas para que no tengan pérdidas. Así no se va a favorecer el desarrollo nacional, sino que va a significar más miseria para nuestro país”, lamentó Flecha.

Los miembros del CDP ya plantearon estas reivindicaciones en abril pasado durante una reunión con representantes del Senado.

Anunciaron, además, que la acampada iniciada hoy en Asunción se mantendrá “por tiempo indefinido”, y que este miércoles se producirán como medida de protesta “cortes intermitentes de ruta” en diversos puntos de la región oriental del país.

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