Se trata del caso de Gustavo Gramont Berres, un sobrino político de Stroessner que en la década de 1980 había sido enviado a Suiza por el dictador como “cónsul itinerante”.
Gramont usó supuestamente una garantía falsificada realizada por él mismo en nombre del Estado y un reaseguro otorgado por la italiana SACE (Sezione Especiale per l'Assicurazione del Crédito all'Esportazione) con el que recibió préstamos por valor de unos 85 millones de dólares para dos de sus empresas.
Los proyectos de inversión ideados por Gramont, que consistían en una procesadora de cítricos y una planta de productos farmacéuticos, quedaron en la nada, así como la amortización de los préstamos.
En 1993, nueve bancos promovieron una reclamación contra Paraguay para exigir el pago de la deuda que Gramont había contraído, supuestamente con el aval del Gobierno.
El Tribunal Federal suizo condenó en mayo de 2005 al Estado paraguayo y a la firma SACE a pagar 85 millones de dólares a esos bancos.
SACE llegó a un acuerdo con los bancos suizos, pero promovió después una demanda internacional ante la Corte Federal estadounidense en contra de Paraguay por el pago de la deuda, según la Procuradoría General paraguaya.
Paraguay ha rechazado en diversas ocasiones el pago de esta deuda que considera “espuria e ilegítima”, y el pasado jueves presentó ante el tribunal estadounidense una solicitud de desestimación de la demanda por la deuda.
En su escrito, Paraguay argumenta que posee inmunidad como nación frente a una demanda presentada en Estados Unidos, y sostiene además que este país no tiene jurisdicción sobre el caso, dado que ni las partes ni los hechos tienen relación alguna con su territorio.
El tribunal deberá ahora pronunciarse acerca de la inmunidad de Paraguay, mientras que la firma SACE dispondrá de un plazo de 60 días para responder a la argumentación presentada por el Gobierno paraguayo.
El pasado mes de septiembre, el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, el titular de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, el del Senado, Mario Abdo Benítez y el de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, acordaron en una reunión conjunta el rechazo de Paraguay a la deuda por el caso Gramont.
Sin embargo, el anterior mandatario paraguayo, Federico Franco, había declarado en junio de 2012 que su país pagaría la deuda como vía para desbloquear sus reservas internacionales.
Franco recordó entonces que Paraguay tiene casi 5.000 millones de dólares de reservas internacionales en un banco de la ciudad suiza de Basilea, “donde no genera intereses”, dado que están bloqueados para evitar un embargo por la deuda de Gramont.