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La ministra Myriam Peña se defendió de las acusaciones en plenaria de la Corte. Según dijo, las afirmaciones del ministro Ramírez Candia, que la responsabiliza de los retrasos en las resoluciones, responden a un afán de figuretismo y de darle una satisfacción falsa a la ciudadanía. “Es triste que un ministro de la Corte tenga que recurrir a la prensa para tratar esta situación”, comentó.
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En ese contexto aclaró que ella es una de las ministras “que más está de acuerdo con la transparencia y en que las resoluciones y discusiones (en sesión) sean publicadas”. “Nuestras actuaciones como servidores públicos deben estar a la luz y a conocimiento de toda la ciudadanía”, refirió.
Por otra parte, comentó que en los 84 casos de impugnación, cuyos fallos fueron urgidos por el Ministerio Público, su voto ya fue expuesto.
Además, hizo énfasis en que la disidencia no es obstáculo para que se dicten las resoluciones.
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El ministro Manuel Ramírez dijo que Peña es la que dilata la resolución de las 84 impugnaciones requeridas por la Fiscalía puesto que fue la ministra quien solicitó en todos los casos de impugnaciones de fiscales que el pleno (los actuales ocho ministros) se expida al respecto, cuestión que de alguna manera dilata los procesos por corrupción.
La semana pasada la fiscala general del Estado urgió a la Corte que se destraben impugnaciones pendientes en el Poder Judicial para poder seguir con los procesos investigativos.
Entre los procesos pendientes por la falta de resolución a la recusación está el de Miguel Cuevas, presidente de la Cámara de Diputados investigado por presunto enriquecimiento ilícito. También las causas pendientes contra Sandra McLeod, exintendenta de CDE, investigada por enriquecimiento ilícito.
También la de Justo Pastor Cárdenas, expresidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert); el diputado Tomás Rivas, por cobro indebido de honorarios; el intendente de Concepción, Alejandro Urbieta, por apropiación y lesión de confianza, entre otros.