“No ordené la depredación”

El juez Carlos Goiburú negó que haya autorizado a Ladimir Fernández Moraga a depredar la Reserva del Mbaracayú. Aseguró que su fallo únicamente le otorgaba la “posesión” de parte del predio, pero sin poseer título alguno.

Este artículo tiene 11 años de antigüedad
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2301

En conversación con la 780 AM, el magistrado de Curuguaty se refirió a la publicación de ABC Color con respecto a un fallo que emitió, mediante el cual Fernández invadió y depredó parte de la reserva forestal.

“En primer lugar, no ordené ninguna depredación. Si él está echando árboles, no es mi responsabilidad”, refirió.

Explicó que el hombre acudió ante su juzgado para presentar un interdicto mediante el cual solicitaba “retener la posesión” del área de 876 hectáreas.

Aseguró que Fernández se encuentra en el lugar desde hace 40 años, antes de que Fundación Mbaracayú adquiriera este y todos los inmuebles que conforman la Reserva del Mbacarayú.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Él está en posesión desde hace 40 años y solicitó un interdicto para retener el inmueble porque estaba siendo molestado en su posesión”, refirió.

Insistió en que, si en el ejercicio de esa “posesión” del área forestal, el hombre decide depredar los bosques, “ya es responsabilidad de él y no nuestra”.

“Me da risa. Yo no le di ninguna orden para que haga eso”, sostuvo al insistir en desvincularse del delito ambiental.

Al explicar los derechos que posee Ladimir Fernández sobre parte de la Reserva del Mbacarayú, aclaró que él no es propietario.

“Él no tiene la propiedad del inmueble, pero sí la posesión. Es poseedor de la tierra, pero sin tener el título”, explicó.

Al explicar el resguardo policial con el que el hombre tiene protección para depredar los bosques, el magistrado aclaró que los uniformados eran “para defender la posesión nada más”.

La Reserva del Mbaracayú se encuentra protegida por Ley 112/91, con rango de Tratado Internacional, ya que involucra al Gobierno del Paraguay, el Sistema de las Naciones Unidas, la Organización Internacional “The Nature Conservancy” y la Fundación Moisés Bertoni.

Enlace copiado