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Los estudiantes Ernesto Ojeda y Arturo Silva están con medidas sustitutivas a la prisión, tras haber sido imputados por coacción, coacción grave y privación ilegítima de libertad a un celador durante la toma del colegio Dr. Fernando de la Mora, medida de fuerza adoptada para pedir mejoras en la educación.
El MEC indica que, según la resolución de la justicia, no existe restricción en el horario de asistir al colegio y, en caso de que la hubiera, tampoco será inconveniente para cortar con el proceso educativo.
“De esta forma se tiene totalmente garantizado el derecho a la educación de conformidad al artículo 73 de la Constitución Nacional”, subraya el comunicado.
El fiscal Gustavo Yegros había pedido a la jueza penal de garantías de Fernando de la Mora, María Inés Olmedo, la prisión preventiva de los estudiantes imputados, medida que finalmente no se dio. Los jóvenes tienen prohibido permanecer fuera de sus domicilios de 21:00 a 06:00, tampoco pueden salir del país y deben firmar una vez al mes un libro de registros en el juzgado de Fernando de la Mora, mientras dure el proceso.
Ojeda, al igual que el estudiante Silva, fueron imputados por el fiscal Yegros basado en las actas de procedimiento de la Policía Nacional, sin testigos o pruebas, señaló la abogada de los jóvenes, Sonia Von Lepel, quien adelantó que recusará al fiscal por la imputación, ya que no cumplió con el debido proceso.
Para la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), gremio al cual pertenecen los estudiantes procesados, la imputación contra sus miembros es una clara persecución hacia los jóvenes que exigen sus derechos. Aclaran, en tanto, que esta medida no los frenará para exigir una mejor calidad educativa en el país.