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Los últimos datos manejados por la administración fiscal dan cuenta que de este total de contribuyentes, 814 rectificaron sus declaraciones juradas de años anteriores, pagaron las multas y los intereses, en tanto que otros 1.286 no lo hicieron y aguardan una solución final dentro del nuevo plazo establecido.
Este último grupo representa el 61,2% de los contribuyentes del IRP notificados en octubre, que esperan que los gremios empresariales logren una solución final con el nuevo gobierno que resulte electo en abril próximo, antes de que venza el plazo fijado en la última resolución de la SET.
Los gremios de empresarios y el Ministerio de Hacienda habían acordado a fines de enero la extensión del plazo para la presentación de declaraciones juradas rectificativas del IRP correspondiente a los años 2012 al 2015, y del vencimiento correspondiente al ejercicio 2017, hasta el 31 de julio venidero.
En medio de este lapso de espera, la SET remitió la semana pasada nuevas notificaciones a estos contribuyentes, los que ya rectificaron y aquellos que todavía no lo hicieron, lo que generó de nuevo críticas de algunos afectados porque lo consideran como una presión del fisco para que rectifiquen.
Al primer grupo, según Noelia Fariña, titular de la Dirección de Fiscalización Tributaria, se les informó que pueden acogerse a los beneficios que dispone la Resolución General N° 123 y que está establecido el procedimiento para el acreditamiento del interés y la mora que pagaron.
En el caso del segundo grupo, se les dice en la nota que tienen la opción de rectificar y que pueden acogerse al beneficio de la exclusión de responsabilidad, dijo Fariña.
En ambos casos, aseguró la funcionaria, las notificaciones no pueden tomarse como presión y mucho menos como extorsión.
En el sector empresarial, por su parte, se maneja las opción de recurrir a la justicia, porque se considera que es ilegal el decreto y la resolución que limita las deducciones de las inversiones, o en su defecto esperarían un nuevo gobierno para buscar una salida definitiva a esta controversia con la administración tributaria.