Jefe policial estaría metido en “negocio” de maíz

El jefe de Policía de San Pedro, comisario Abilio Lezcano, y el asesor jurídico de dicha unidad, Abog. Alberto Rodríguez Ruíz, fueron denunciados ante la Fiscalìa de San Estanislao por supuesto desacato de una orden judicial sobre un cultivo de maíz.

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Ambos funcionarios de la Policía Nacional tendrían responsabilidad en impedir una orden judicial de cosecha de granos de maíz. Según el documento presentado ante el Ministerio Público, en la oficina de la fiscala Irma Arias Barreto, el juzgado de Santa Rita ordenó la cosecha de granos en el establecimiento Dos Marías, en la colonia Luz Bella, jurisdicción de Guayaibi, departamento de San Pedro.

Los efectivos de la Policía Nacional en San Pedro, en lugar de facilitar el cumplimiento de la orden judicial, impidieron los trabajos de cosecha. El Ministerio Público tiene las sospechas de que el desacato de la orden judicial tiene como objetivo impedir el secuestro de granos que fueron cultivados en forma ilegal.

Los responsables del cultivo ilegal serían Pericle Merlo Modesto y Everton da Rocha, ciudadanos brasileños que cultivaron maíz en forma ilegal y para evitar su devolución habrían sobornado a oficiales de la Policía Nacional.

El caso guarda relación con una deuda de dos millones de dólares con la empresa Agrícola Colonial quién financió en los últimos dos años el cultivo de maíz de Pericle Merlo Modesto y Everton da Rocha, quienes arrendaron las tierras del establecimiento Dos Marías.

No pagaron ninguna de las deudas pero seguían cosechando y vendiendo el maíz. En esta oportunidad, el juzgado de Santa Rita libró la orden de cosechar en favor de los deudores, pero es la misma jefatura departamental de Policía la que impide el cumplimiento del mandato judicial, de allí las sospechas de sobornos.

La comandancia de la Policía Nacional recibió copia de la orden judicial pero hasta la fecha no se cumple el mandamiento en San Pedro. Por otro lado, en la mañana de hoy se entregó nuevamente una copia de la orden judicial, firmada por el juez Julio Avalos, en la jefatura departamental de San Pedro, con presencia de escribano público.

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