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José Bogado (PLRA) dijo que el intendente de este distrito, Julio Pereira (ANR), intentó ocultar a los concejales opositores la verificación que los fiscalizadores de la Contraloría General de la República (CGR) realizaron de las obras encaradas en 2015 con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
El presidente del legislativo aseguró que el intendente no quería que los ediles acompañen a los funcionarios de CGR durante los trabajos de verificación que se realizaron la semana pasada. Relató que el pasado lunes 15 de febrero, la CGR envió una nota al intendente con copia a la Junta Municipal informando que funcionarios de esta institución estarían verificando cinco escuelas del distrito en donde supuestamente se ejecutaron obras municipales.
"La comunicación no llegó a los concejales y me enteré recién el jueves de forma extraoficial", puntualizó Bogado. El jefe comunal, quien fue reelegido en noviembre último, negó todas las acusaciones, en tanto que el encargado del departamento de Obras de la Contraloría, Ing. Derlis Cabrera, explicó que realizan verificaciones en municipios que tienen antecedentes de no presentar en tiempo y en forma la rendición de cuentas, como es el caso de Eugenio. A Garay. "Más adelante se darán a conocer los resultados", apuntó.
Julio Pereira aún no rindió cuentas sobre el uso de G. 506 millones correspondientes a Fonacide en 2015. La fecha de presentación feneció el pasado 15 de enero. El jefe comunal se defendió afirmando que tuvieron problemas con el contador y por eso no presentó su informe.
Por otro lado, un grupo de pobladores convocados por caudillos que siguen la línea opositora del intendente se manifestaron el viernes pasado frente a la sede de la municipalidad, al momento en que los funcionarios de la Contraloría estaban en la sede comunal. Denunciaron mala utilización de los recursos de royalties y Fonacide. Debido a la movilización de este sector, el jefe comunal convocó a su equipo político para que también se manifieste, pero a favor de su gestión.
Circuló la versión de que uno de los grupos impidió que los funcionarios de la CGR salgan del recinto comunal, pero la verificadora Valeria Galeano aclaró que lo que sucedió fue que en un momento dado se sintieron agobiados por las denuncias que hacía tanto del presidente de la Junta Municipal como de varios pobladores. Dijo que debían terminar un acta para cerrar el trabajo en la zona y no podían porque la gente insistía en hablar con ellos.