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El edil había acusado a la jefa comunal de ser responsable directa de la muerte de una niña luego que pisara un cable pelado en una plaza pública. Tras ser denunciado por usurpación de cargos, el marido de la intendenta, el político Javier Zacarías Irún, había amenazado con querellar a concejales, periodistas y todos los que realicen acusaciones públicas contra su familia sin documentos.
La querella por difamación, calumnia e injuria en contra de Celso Miranda fue presentada alrededor del mediodía por el abogado Derlis Martínez y el caso será dirimido en el Tribunal de Sentencias 3, a cargo de la jueza Carmen Teresa Barrios. La próxima semana, ella deberá admitir la querella y llamar a una audiencia de conciliación, según el profesional del foro, quien añadió que si allí no hay ningún acuerdo, la causa se eleva a juicio oral y público.
“El código penal establece penas de hasta dos años de privación de libertad o multa en estos casos y permite la aplicación de una pena adicional de composición que se impone al autor del hecho punible y que consiste en el pago de una suma de dinero a la víctima a modo de resarcimiento. Nosotros pedimos Gs. 200 millones como pena de composición, aclarando que el dinero será íntegramente donado a entidades de beneficencia”, explicó Martínez.
El abogado de la intendenta indicó que la querella es debido a declaraciones que Miranda brindó a medios de comunicación escritos el 22 de enero, en las cuales “afirma que la responsable directa de la muerte de de la niña de dos años era la intendenta. La llamó de sinvergüenza, ladrona, bandida y ahora asesina. Ese día también fue entrevistado por varios medios radiales y dijo que la intendenta roba la comida de los niños, en referencia al almuerzo escolar que sirve la Municipalidad, y a los taxistas y mesiteros también roba. Es la ladrona número 1 del Paraguay, dijo”, especificó Martínez.
El profesional del foro ofreció como pruebas, aprobaciones del Tribunal de Cuentas y la Junta Municipal de las rendiciones de cuentas de todos los años en los cuales Sandra Mc Leod de Zacarías fue intendenta. También se presentaron los llamados a licitación y otros documentos que hacen a la entrega de almuerzo escolar en nueve escuelas con fondos del Fonacide.
Respecto a las mejoras introducidas en la plaza Agustín Van Aaken, donde se electrocutara la niña que falleció, el abogado dijo que presentaron documentos que hacen al llamado a licitación, la designación de arquitectos externos para el control de las obras, entre otros.
“Mismo que la intendenta tuviese alguna responsabilidad penal, sería homicidio culposo, que es totalmente incompatible con el concepto de asesino, asesinato, que es causarle la muerte a alguien de forma violenta, con alevosía, ensañamiento, con agravantes. Por eso decimos claramente que hay una animadversión por parte de este concejal”, indicó Martínez.
Celso Miranda, junto con los concejales opositores Herminio Corvalán (Tekojoja) y Juan Carlos Barreto (ANR), denunciaron al marido de la intendenta, el político colorado Javier Zacarías Irún, por usurpación de cargos públicos, esto es, por ocupar el lugar de su esposa, además de incitar a cometer hechos punibles. El caso es investigado por el fiscal Carlos Almada.
Tras la denuncia en contra suya, el líder político colorado Javier Zacarías Irún, llamó a conferencia de prensa en compañía de su esposa y amenazó a los concejales municipales opositores, periodistas y a todos los estamentos, con querellarlos si realizan acusaciones públicas sin documentos en contra de su familia.
“Que me manden a la cárcel por decir la verdad. En la conciliación ye le voy a volver a decir que es ladrona, sinvergüenza. Yo presenté denuncia contra ella ante la Fiscalía General del Estado y voy a presentar una denuncia por semana de todos los robos que están cometiendo. Estoy seguro que me van a mandar a la cárcel en tiempo récord, porque los jueces de Ciudad del Este responden a ellos, pero es una ladrona, impresionante el robo que están haciendo”, dijo el concejal Celso Miranda.
“Quieren mandarme a la cárcel y que pierda mi banca. Y tengo miedo, porque son capaces de matarme. Si no me mandan a la cárcel y si no me hacen perder mi banca, me van a querer matar, porque esta gente está loca”, añadió el edil querellado, quien aseveró que tampoco tiene Gs.200 millones, sino solo su sueldo de concejal, aunque no pretende pagar nada. “Nada les voy a dar. Que me manden a la cárcel”, puntualizó.