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Que a algunos funcionarios estatales les sigue molestando la Ley de Acceso a la Información Pública no es un gran secreto. De hecho, más de 50 casos de solicitudes de información han tenido que ser resueltas en estrados judiciales debido a la reticencia de los empleados públicos a liberar los datos que los ciudadanos requieren saber.
Pero para la municipalidad del distrito de General Bernardino Caballero, departamento de Paraguarí, el acceso a la información pública es una “sobrecarga”. Así lo señala el mismo intendente en su respuesta a un pedido planteado por la ciudadana María Eugenia Cardozo.
Esta había solicitado información sobre el manejo del dinero público en la Comuna de Caballero. Quería saber detalles sobre el personal contratado y permanente, contratos para instalación de columnas en plazas públicas o los tipos de documentos utilizados en la Intendencia.
La respuesta que recibió es insólita. Como primer punto, el intendente Tomás Antonio Mereles establece día y horario en el que la ciudadana podrá pasar a retirar la información que solicitó. Podrá ir solo los lunes, miércoles y viernes de 07:00 a 08:00.
Mereles señala en su nota que la municipalidad no cuenta con un profesional asignado al manejo de su Portal de Acceso a la Información Pública.
“Los pedidos que algunas veces se exceden en su complejidad acarrean un trabajo arduo y minucioso, y que ocupa gran tiempo del personal quienes igualmente tienen como obligación principal la del cumplimiento acabado en sus respectivos cargos”, continúa diciendo la misiva.
A todo esto, señala Mereles, hay que sumarle la poca asignación presupuestaria. “Por lo que se produce una sobrecarga de trabajo para atender situaciones ajenas a los fines para los que fueron creados los municipios”, manifiesta el jefe comunal.
Mereles parece olvidar que encabeza una institución pública, por lo tanto debe dar respuestas a los ciudadanos que desean conocer los detalles del manejo del dinero que proviene de sus impuestos. Además, se olvida de que la Ley de Acceso a la Información Pública señala a los gobiernos municipales como fuentes públicas de información. No se trata de una tarea ajena a los fines de un municipio, sino que es parte de la esencia misma de la función pública.
Además, dice no contar con el presupuesto necesario para realizar las fotocopias de los documentos solicitados y que por ello es la ciudadana lo que debe pagar por las copias. El jefe comunal se olvida de que el artículo 4 de la Ley 5282/14 establece que la información pública es gratuita y que una forma muy sencilla de evitar los “gastos por copias” sería entregar todo en formato digital.
El del intendente de Caballero es apenas un caso más de funcionarios públicos que atentan contra la ley de Acceso a la Información Pública.
Semanas atrás, este derecho sufrió un duro revés en estrados judiciales. Daniel Vargas Téllez, excandidato a diputado por Central, solicitó las actas de las elecciones generales de 2018 al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), sin embargo, le negaron el acceso y ahora los gastos del juicio corren por su cuenta.
“Esta condena con costas tiene un claro mensaje político: quien se atreva a solicitar información pública y no se contente con la respuesta que le ofrece el Estado, puede llegar a ser condenado con costas, afectándose su patrimonio”, señalaron los abogados de Vargas Téllez en una acción de inconstitucionalidad planteada contra la resolución.
“Tengo todas las razones para presumir que detrás de esta decisión lo peor de la clase política corrupta ha operado para amedrentar a quienes realizamos solicitudes de acceso a la información pública”, denunció Vargas.
“Si quien acude a la Justicia exigiendo la entrega de información pública puede ser condenado a pagar a abogados, a los que ya les paga el sueldo con impuestos, el Estado podrá 'cumplir' con la ley respondiendo lo que se le dé la gana, ya que nadie o muy pocos se atreverán a hacer un juicio para obtener la información que se les niega, oculta o disfraza. Anularán la ley de acceso a la información con una jugada perversa: amenazando con tocar el bolsillo de la gente”, acotó.
La Contraloría General de la República se niega hace tres años a entregar las Declaraciones Juradas de Bienes de las más altas autoridades de la República. El año pasado la institución perdió un juicio en dos instancias y la justicia le obligó a entregar la información, pero el ente recurrió a la Corte Suprema de Justicia, donde el expediente duerme.