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La comunidad indígena Sawhoyamaxa, del pueblo enxet, denunció el miércoles que hombres que trabajan para la empresa a cuyo nombre figuran las tierras ancestrales que el Estado debe reponerles los amenazaron con armas de fuego.
Según relataron representantes de la ONG Tierraviva, el incidente comenzó cuando cinco personas armadas que trabajan para las firmas Roswell Company S.A. y Kansol S.A., propiedad del ganadero alemán Heribert Roedel, acudieron hasta las viviendas de la comunidad indígena, en sus tierras ubicadas en el Chaco paraguayo, y les exigieron que se marcharan.
Cuando el líder de la comunidad, Carlos Marecos, se enfrentó al gerente de Roedel, identificado como Luís Brítez, este respondió sacando una pistola y apuntándole a la cara. Todo esto ocurrió ante la presencia de dos efectivos policiales, de acuerdo al relato brindado por Tierraviva.
Ireneo Tellez, abogado de la ONG, señaló este jueves a ABC Color que seguían esperando alguna acción fiscal luego de que se radicara la denuncia sobre lo que había ocurrido. “Hasta ahora no tuvimos respuesta de las autoridades”, manifestó.
El abogado indicó que ante la flagrancia de los hechos, ya se tendría que haber realizado algún tipo de procedimiento como el allanamiento de la casa en la que se encuentran los empleados del ganadero alemán.
La comunidad había logrado el año pasado que el Estado paraguayo promulgara una ley de expropiación para cumplir, luego de varios años de atrasos, con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligaba a Paraguay a reponer poco más de 14.400 hectáreas de sus tierras ancestrales a los sawhoyamaxa.
En un intento por evitar el cumplimiento de dicha ley, los representantes legales de Roedel habían presentado un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, algo a lo que ya habían apelado con anterioridad. En una acción que fue bastante criticada, la ministra Gladys Bareiro dio lugar al estudio de la acción a pesar de que, según los abogados de la comunidad, esto ya no se podía hacer debido a que se estaría realizando doble juzgamiento. Finalmente, la acción fue rechazada nuevamente.
Tellez señaló que habiendo sido testigos de la flagrancia de la amenaza, los efectivos policiales que se encontraban en el lugar podrían haber detenido al administrador de la estancia, identificado como Luis Brítez, algo que no hicieron. “No requiere de ninguna orden judicial para eso. La amenaza consta en el acta que la Policía hizo en el lugar”, aseveró.
Señaló además que al existir una ley de expropiación, las condiciones en la que se encuentran los trabajadores de Roedel que siguen apostados en el interior pasan a ser irregulares, a pesar de que ellos alegan la falta de pago.
Modesto Guggiari, abogado del Grupo Liebig’s, llegó este jueves a la redacción de ABC Color para ejercer su derecho a réplica sobre la denuncia de la supuesta amenaza realizada por empleados de la estancia que figura a nombre de una de las empresas del grupo.
“Una vez más fuimos atacados. Sin embargo, se publica como que nosotros fuimos los que atacamos”, refirió Guggiari. El abogado relató que el grupo ocupa las tierras desde hace ya casi 30 años y si bien reconoció la existencia de una ley de expropiación a favor de la comunidad indígena insistió en que la propiedad fue “invadida” por los sawhoyamaxa.
Explicó que a pesar de que existe la citada ley de expropiación, la misma no puede ser ejecutada debido a la falta de pago. En este punto, se le señaló que la justicia dispuso el depósito de la suma tasada por el Estado en una cuenta del Banco Nacional de Fomento debido a que los propietarios de las tierras se niegan a recibir el dinero. Ante esto, aseguró que aún no han sido notificados.
Guggiari, visiblemente ofuscado y alzando la voz, señaló que se debe terminar de justipreciarse la propiedad y que antes de ello no se puede dar por terminada la operación. “Nosotros somos dueños de la propiedad y explotamos la propiedad hasta el momento que se efectúe el pago. No hay una sentencia judicial de ningún juez”, manifestó. Insistió en que la misma ley establece que se realizará el proceso bajo el artículo 109 de la Constitución Nacional.
“Mientras eso no termina, nosotros estamos haciendo uso de la propiedad y lo vamos a seguir haciendo”, aseveró. Indicó que es por ello que fueron imputados los indígenas que supuestamente extraen madera de la propiedad -que se encuentra dentro de sus tierras ancestrales- de manera irregular. Sin embargo, los mismos miembros de la comunidad Sawhoyamaxa también habían denunciado la deforestación que se realiza en el lugar ante la Fiscalía de Villa Hayes.
“Ellos vienen a atacarnos y a amenazarnos y nosotros nos defendemos”, sentenció y finalmente acusó a Tellez de ser quien incita la supuesta violencia de los indígenas. Criticó además que el Estado, que es el que debería administrar la situación, lo esté realizando de mala manera.