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Tras presentar acusación contra los hermanos, Carlos Rubén (Chicharõ), Ardonio y Denilso Sánchez Garcete, este último, intendente de Capitán Bado, el fiscal Luis Piñanez recordó en contacto con ABC Cardinal que los delitos de los que el Ministerio Público acusa a los hermanos son lavado de dinero, uso de sustancias prohibidas y beneficio a través de la comercialización de sustancias ilícitas.
El Ministerio Público sostiene que existe inconsistencia en el origen de los bienes de estos hermanos. Sostiene además que “el dinero obtenido por estas personas a través de sociedades anónimas fue obtenido a través de un origen ilícito, que es el tráfico de estupefacientes”, refirió.
El agente del Ministerio Público apuntó además que Carlos Sánchez contaba con un patrimonio de más de 1.000 millones de guaraníes. Además, tenías dos cuentas, una en Brasil, con 640.000 reales y otra con 325.000 dólares.
Ese dinero, según la acusación de la Fiscalía, lo habrían traído a Paraguay y comenzaron a hacerlo circular, realizando compras de acciones para darles el ropaje legal. “Un juez federal de Brasil ya condenó a Carlos Sánchez por lavado de dinero, y a raíz de esa acusación se produce una investigación”, recordó el fiscal Piñanez.
Para el fiscal, Carlos Sánchez, y sus hermanos que fungieron como socios, conformaron “sociedades con movimientos contables notoriamente irregulares. Ese progreso económico no tiene ningún sustento. No tienen manera de justificar esos bienes”, acotó el investigador.
Ahora esta denuncia debe ser admitida por un juez penal de garantías, y luego habrá una audiencia donde se determinará si amerita o no un juicio oral y público.