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Una medida cautelar del Tribunal Electoral de Guairá confirmó en la víspera a Rodolfo Friedmann como gobernador del IV departamento, al dejar sin efecto su supuesta renuncia y la asunción de Rodolfo Pereira al cargo como interino, quien asumió a través de otra medida cautelar.
Al respecto, el Abog. Galeano dijo a ABC Color que el artículo 134 de la Constitución de la República en su tercer párrafo establece que, en conflictos sobre cuestiones electorales o relativa a organizaciones políticas, la única competente es la Justicia Electoral, con lo que al intervenir ésta por fin se pudo acabar con la duda sobre quién gobierna Guairá.
Sin embargo, el conflicto se suscitó en torno a los amparos superpuestos, que desataron la polémica. Sobre el punto, sostiene que cuando un ciudadano promueve un amparo está obligado a declarar en su primer escrito, y bajo juramento, que no existe en los tribunales ningún asunto pendiente de resolución y que pudiera tener relación directa con el objeto o materia de dicho amparo. Esto está plenamente establecido en la Acordada N° 6 de 1969.
“Esta norma se establece a fin de evitar fallos contradictorios, porque los fallos contradictorios constituyen lo que se llama en derecho ‘escándalo jurídico’”, refiere Galeano y advierte que eso es justamente lo que sucedió en Guairá, con las dos medidas cautelares para cada bando, contradictorias entre sí.
“Esto se produce porque la parte que solicitó el segundo amparo (presidente de la Junta departamental Rodolfo Pereira) no cumplió con lo que dispone la acordada. Tal vez por descuido -no quiero decir mala fe- de la segunda parte no denunció este hecho (la primera medida cautelar presentada por Friedmann); y segundo también por descuido del segundo magistrado, porque era un hecho de público conocimiento y ya se había emitido una medida cautelar”, reflexionó.
De acuerdo a su valoración, este hecho es una consecuencia de que los políticos no saben o no pueden dirimir sus diferencias en la esfera estríctante política y, en consecuencia, llevan estos roces a la administración pública.
“Nos presenta esto un gran descrédito de la administración de la justicia ante la ciudadanía. Quiero recordar que el Poder Judicial es el Poder de Estado menos creíble, según los distintos sondeos que divulgan los medios de comunicación, y acciones como éstas flaco favor le hacen a la credibilidad y a la institucionalidad”.