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La Cámara de Diputados tiene previsto tratar mañana, en el punto diez del orden del día, un proyecto llamado “Que establece la obligación de conservar datos de tráfico”, bautizado como “Pyraweb”, en recordación de los delatores del régimen de Alfredo Stroessner, los llamados “pyragués”. El proyecto fue impulsado desde junio del año pasado por Robert Acevedo, Fernando Silva Facetti, Arnaldo Giuzzio y Arnoldo Wiens.
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Los legisladores afirman que al retener estos “metadatos” (la dirección del abonado o usuario que acceda a internet, el IP o puerto de acceso, la hora y fecha de conexión y desconexión del servicio de internet, los datos necesarios para identificar el equipo de comunicación y la ubicación geográfica) se podrá combatir la delincuencia y el narcotráfico.
El proyecto establece que los prestadores de los servicios de internet podrán retener los datos personales de cada persona que se conecta a la web, pero que solo se podrá acceder a ellos con el aval judicial del Estado.
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Uno de los proyectistas, Arnaldo Giuzzio, dijo en conversación con radio 970 AM que: “esta información es retenida y solo será utilizada con el pedido de un juez en una causa determinada” y que “(la información retenida) no se difunde, no se hace conocer a terceros”. Sin embargo, todas las empresas estarán obligadas y tendrán, a placer, los datos personales y de navegación de sus usuarios. Nadie garantiza que estas empresas no usen estos datos personales para beneficio personal.
Maricarmen Sequera, directora ejecutiva de Tedic (Tecnología, educación, desarrollo, investigación y comunicación), afirmó hoy en conversación con ABC Color que, de aprobarse este proyecto, “todo será vigilado”.
“No hay sanciones en el caso de que las operadoras usen las informaciones personales para beneficio propio. Nadie sabe qué pasará con los datos personales luego de los 12 meses de retención”, dijo Sequera, una abogada experta en el caso.
Solo Colombia, dentro de Sudamérica, retiene los datos de sus usuarios durante cinco años. En los Estados Unidos y otros países de Europa se han presentado estos proyectos y fueron declarados inconstitucionales, contó Sequera.
De no tratarse el proyecto mañana en Diputados, tendrá sanción ficta el 12 de marzo.