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Los magistrados Emiliano Rolón Fernández, Arnulfo Arias Maldonado y Gustavo Ocampos González firmaron el pasado lunes la confirmación de la resolución por la cual la EBY estará obligada a entregar a la ciudadanía información que es de carácter público, tras la férrea negativa.
“Estamos contentos porque se abre esperanza importante, primer lugar que la ley de acceso a la información pública tenga efectividad, y que no esté sometido a los caprichos de los gobernadores de turno y fundamentalmente tratándose de una binacional ocupada por ‘inauditables’”, dijo a ABC Color la abogada Kattya González, presidenta del gremio que propulsó el amparo en noviembre de este año.
La iniciativa tiene por objetivo acceder a los informes solicitados anteriormente sobre el nombramiento del exministro de la Corte Víctor Manuel Núñez, quien fue nombrado como asesor de la binacional, pero que en realidad sería un planillero. “La idea es ir escrutando su gestión en la medida en nos den los dictámenes de lo que está asesorando (Núñez)” y agregó que cuentan con información de fuentes de la propia binacional de que el cuestionado exministro no asiste a su lugar de trabajo, en el que debe estar de 7:00 a 15:30.
Exigen una copia de la resolución de nombramiento y que se indique de manera clara y precisa el lugar y horario de trabajo, funciones que desempeña y el salario u otros emolumentos que percibe.
Criticó además todos los beneficios con los que fue nombrado Núñez, todos cuestionables, como una jugosa bonificación de unos 11.000.000 por antigüedad, siendo que fue nombrado en agosto de este año, bonificación familiar, y subsidio por energía eléctrica. En noviembre de este año, el asesor recibió una remuneración total de G. 37.389.844. “La EBY tiene muchos rubros que debe explicar”, aseveró.
Expuso que este amparo posibilitará acceder a numerosos datos que se han mantenido ocultos, como la deuda real que mantiene la EBY, entidad a la que calificó como “la cuna de los planilleros, privilegiados, seccionaleros y operadores políticos”.