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La gerente acompañada de otros funcionarios y socios, Claudia Barreto, durante una visita a nuestra redacción regional, afirmaron que su pecado es exigir a familiares el pago del remanente de 69.445.203. Explicó que se trata de una diferencia que no cubrió la aseguradora de un préstamo que tomó el socio fallecido Armindo Arsenio Morinigo, por un monto de G. 227 millones.
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En la causa están investigados, además de Barreto, Alberto Martínez, presidente de la Cooperativa; Remigio Alonso, tesorero; Zully Miño, secretaría de consejo de administración. Según la investigación tras fallecer Morínigo dejó un deuda de G. 182 millones, saldado por la aseguradora Asepasa, pero igual quisieron hacer firmar un nuevo pagaré a los familiares para quedarse con más dinero.
La gerente Barreto explicó que el fiscal Gerardo Mosqueira llevó a cabo varias diligencias investigativas y que no encuentra razones valederas para incriminarles. Además sostienen que el mismo en forma intempestiva y en plena feria judicial, el 10 de enero pasado, dispuso imputar a la gerente general y a tres directivos el consejo administración.
Detalló que la cooperativa Reducto, en agosto de 2013, concedió a un préstamo con garantía hipotecaria al señor Armindo Arsenio Morínigo por un monto de G. 227 millones, con la codeudoría de su esposa Luciana Guerrero de Morínigo y su hija Selvia Morínigo de López. El préstamo no pudo ser honrado en su totalidad por el deudor por cuestiones de salud y entró en morosidad por más de un año.
Explicó que se procedió a refinanciar dicho crédito en febrero de 2015. El titular no llegó a suscribir el documento por una enfermedad que finalmente lo llevó a la tumba y la nueva obligación asumida por los Herederos ascendió a 279.951.960, y de esta obligación se pagaron 6 cuotas de G. 4.665.866.
La cooperativa temiendo por el estado de salud del titular de la cuenta y por política interna asegura el capital otorgado el 31 de marzo de 2015. Ante el fallecimiento del mismo la cooperativa accionó al seguro y luego de seis meses de trámites recibe de la aseguradora la suma de G. 182.420.006, conforme al monto del capital asegurado.
El monto abonado por la firma aseguradora quedó un remanente no cubierto que en su momento ascendía a 69.445.203, qué sobre este remanente dijo que buscaron todas las formas de arreglo con los codeudores habiendo sido todos ellos infructuosos. Por ello refiere que en su carácter de acreedor el 27 de septiembre de 2016 inició un juicio sucesorio en el juzgado primera instancia en lo civil y comercial del tercer turno, que afirma se encuentra con mandamiento de embargo ejecutivo y que a raíz de ello los familiares denuncian una supuesta estafa ante la fiscalía.
Por otro lado, en la mañana de este lunes familiares del socio fallecido se manifestaron frente a la sede del Juzgado, en apoyo del juez Gustavo Bóveda, para que eleve la causa a juicio oral. Afirman que los procesados tienen amigos con influencias en el Poder Judicial, entre ellos senadores.
Aseguran que en la cooperativa nunca les comentaron que el capital estaba asegurado, y pretendían cobrarle todo el monto. Resaltaron que se enteraron casualidad, y que luego chequearon con la aseguradora Asepasa. Esperan que se haga justicia, porque ya la causa fue bastante chicaneada y que los abogados de los acusados habían apelado la imputación, pero la Cámara no hizo lugar.
Intentamos por varios días, de manera insiste, saber la versión del fiscal Gerardo Mosqueira, pero no nos atendió la llamada. A finales de julio también los familiares de Morínigo se habían manifestado frente al local del Ministerio Público en apoyo del mismo, de quién dicen estaría recibiendo mucha presión.