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“Este proyecto contra el abuso sexual está en comisión, fue presentado a mediados de año pasado. Claro que hubo un retraso en su aplicación, este año estoy haciendo todo el esfuerzo para que los proyectos de leyes salgan”, dijo la diputada Aida Robles, una de las proyectistas de la ley que aumenta los castigos penales para los violadores.
El año pasado, las sesiones del Congreso se caracterizaron por la falta de quórum o el abandono de los legisladores de sus respectivos lugares, lo que evitó que la normativa entre en vigencia y, por ende, permitió que proliferen los casos de violación a menores.
En el primer trimestre del 2012 se presentaron varios casos de violaciones, como el sonado caso de las dos niñas violadas y asesinadas en Minga Guasú y que aún no tiene ningún detenido, así como el más reciente caso de un docente que violaba a sus dos hijas de 2 y 10 años. A esto se suma el caso de una adolescente de 14 años que denunció que su padre la violaba desde que tenía 5 años.
Todos estos casos, se puede decir, podrían haberse evitado de alguna manera, aprobando una ley que sancione con más fuerza estos hechos que atentan contra las mujeres principalmente, coincidió la diputada Aida Robles.
La autoridad legislativa señaló que actualmente el proyecto se encuentra en estudio en la comisión de Asuntos Constitucionales y en la de Géneros y Equidad. “En este proyecto elevamos las penas, y se puede decir que por la desidia no está en vigencia, se le debe dar importancia y tratar de sacarlo lo antes posible, estos temas como feminicidio, el acoso sexual en niños y niñas, cuando no le toca a uno no es que le interesa tanto”, señala.
Diputados machistas
Robles señala que la cultura del machismo se resiente dentro de las paredes del Congreso por parte de sus colegas, quienes acompañan este tipo de proyectos en el discurso, pero no así a la hora de votar.
“Es toda una cultura el machismo, es muy difícil desterrar, y los colegas en el discurso aceptan pero en la realidad es otra cosa. Hay contados compañeros que sí apoyan el tema de reivindicacion de las mujeres, pero cuesta”, reconoce.
Proyecto que castiga con más fuerza las violaciones
El proyecto que fue presentado en el 2011 por la diputada Aida Robles con sus colegas Emilia Alfaro de Franco y Desirée Masi aumenta la pena carcelaria para los violadores dependiendo de la gravedad del caso y el hecho en sí con sanciones que van desde cinco años a 30 años.
Con la normativa proponen modificar los artículos 128, 131, 132 Y 135 del Código Procesal Penal, que es bien sabido que actualmente sanciona con más fuerza a un ladrón de vacas que a un violador.
En el artículo 128 de Coacción Sexual y Violación se propone que los violadores que bajo amenaza o por la fuerza coaccionen a una persona sean castigados con cinco a 10 años de cárcel. Anteriormente, la pena era de tres años.
Y en el caso que se produzca penetración, el castigo se aumente de ocho a 15 años. Este castigo se aumenta de 10 a 18 años en caso que la víctima sea menor de 14 años, lo que se agrava en caso de que haya ocurrido por medio violencia o uso de arma, o sea más de un sujeto, lo que sumaría hasta 18 o incluso 25 años de pena.
Esta pena máxima alcanza a aquellos que se aprovechan de su posición o cargo que les dé autoridad, como los funcionarios públicos, docentes, algun parentesco, adopción, tutela, cónyuge, ex cónyuge, concubino, novio, etc.
Si la mujer o niña violada queda embarazada o es violada estando embarazada, también se aplicará una pena de 18 a 25 años de cárcel, así como aquel que en conocimiento de que padece una enfermedad venérea cometa el acto.
Los que causen la muerte de las víctimas violadas, o si la víctima fallece por las lesiones sufridas por la violación, la pena será de 20 a 30 años y se adicionarán más años si existe otros detalles citados anteriormente.
Esta normativa se aplicará en los casos de violaciones a niños, niñas y mujeres, y en el caso de las personas recluidas o internadas. El proyecto también incluye la sanción a los actos exhibicionistas, manifestaciones verbales obcenas, publicaciones pornográficas frente a menores o personas con incapacidad volitiva o cognitiva, dictando como pena carcelaria entre 3 y 5 años, con la posibilidad de adicional de acuerdo a la gravedad.
Reclamo internacional
La Unicef se hizo eco de los hechos de violaciones a niños que se registraron en el Paraguay, por lo que instó al gobierno a endurecer las leyes contra los mismos y buscar mecanismos de prevención de estos hechos, que “durante la infancia y la adolescencia dañan profundamente a las personas y dejan huellas perdurables físicas y emocionales difíciles de superar”.
“Algunas medidas que propone la organización a este respecto son: a) leyes más duras para quienes cometen el delito, actualmente la pena máxima es de tan solo 5 años; b) mayor celeridad en el proceso judicial y aplicación de las normas considerando la protección de las víctimas; c) proveer de recursos necesarios a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; b) continuar promocionando con campañas e información la denuncia de los casos y; c) fortalecer los servicios de atención efectiva a las víctimas durante todo el proceso legal y en la recuperación psicológica”, proponen.
También critican que las penas en el Paraguay permitan que los violadores estén libres antes de cumplir con la pena “por buena conducta” y que incluso aún tengan la patria potestad del menor abusado, que por ley se le debe retirar inmediatamente.
Otro punto que la organización internacional exige es que se establezca medidas para atender de forma efectiva a los menores abusados. Destacan además que existe un leve avance en la materia con el aumento de las denuncias, pero sigue siendo materia pendiente aplicar un plan nacional de erradicación del maltrato y el abuso sexual en menores que deber ser llevado por la Secretaría de la Niñez.
“Esta situación se ve empeorada por la carencia de servicios públicos que puedan acompañar los procesos de rehabilitación de las personas víctimas y de su entorno familiar”, indican.