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Los escándalos en la Contraloría son noticia casi diaria, pero el contralor Rubén Velázquez Gadea, principal responsable, sigue en el cargo debido a que está pendiente la posibilidad de que sea enjuiciado. ¿El problema? Los diputados deben aprobar el juicio político, lo cual está en estudio en estos momentos. No obstante, los números no son alentadores, ya que solo 12 de los 80 legisladores firmaron la presentación del libelo acusatorio, lo que demuestra que al momento de la votación el apoyo no será de la mayoría.
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El juicio político sigue estancado en Diputados, aparentemente por orden del presidente Horacio Cartes, ya que el mismo querría “canjear” por el juicio político a tres ministros de la Corte. Esto es fácil para el mandatario, ya que en la Cámara Baja sigue teniendo a sus leales. Mientras tanto, el Ministerio Público continúa la investigación de varios casos evidenciados a partir de haberse descubierto a la “secretaria VIP”. Repasemos cada uno de ellos:
La joven Liz Paola Duarte Meza era funcionaria del Gabinete de la Contraloría sin haber concursado y sin siquiera tener un título universitario. Sin embargo, con “horas extras”, su salario llegaba varios meses a cerca de los G. 30 millones -similar al de un ministro-, "cumpliendo" jornadas de hasta 27 horas. Lo cierto es que en videos del circuito cerrado se la ve marcando asistencia y -acto seguido- saliendo de la institución . El contralor la defendió en todo momento. Finalmente, ella renunció junto con otros funcionarios del Gabinete, también con jugosos salarios. La investigación fiscal continúa.
Miembros en un equipo amateur de fútbol percibían salarios en la institución sin contar con título universitario. El contralor es “dirigente” del club Corrales. “Más personas que al parecer están cobrando salarios sin tener requisitos formales como ser tener formación universitaria”, declaró la fiscala Victoria Acuña, encargada de la investigación.
Vecinos de la subcontralora Nancy Torreblanca denunciaron que móviles de la Contraloría llegan asiduamente hasta la vivienda de la mujer en el barrio San Isidro de Lambaré, con funcionarias que eran trasladadas pero para realizar tareas de limpieza y atender a un familiar enfermo.
Otro problema que involucra directamente a la subcontralora es la contratación de Hugo Javier Pereira, quien figura en la lista de funcionarios como “auditor”, pero que en realidad se desempeñaría como chofer. Tampoco tiene título universitario, por lo que no puede realizar la función que se le atribuye en los documentos. En el año 2014, solo de agosto a diciembre cobró en concepto de horas extras más de G. 35.000.000, logrando con ello triplicar sus ingresos.