Denuncian quema indiscriminada en tierras de Teixeira

La organización Alter Vida denunció la quema indiscriminada de 7.477 hectáreas de superficie boscosa de la estancia Paso Kurusú, perteneciente a Ulises Rodrigues Teixeira, ubicada en San Pedro.

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La organización comunicó que luego de recibir denuncias de dirigentes de asentamientos vecinos afectados por la intensa humareda, conformaron una comitiva de técnicos de la Red de ONG’s Ambientalistas del Paraguay y de la Asociación de ONG’s del Paraguay que visitó el sitio.

La propiedad, ubicada en el asentamiento Jaguareté Forest, a unos 80 kilómetros al este de Santa Rosa del Aguaray, había sido preparada con topadores y tractores para dicho fin. Además, se constató una franja de más de 20 metros a lo largo de su lindero al sur.

“Esta franja descarta la posibilidad de que el fuego haya sido originado en los asentamientos campesinos vecinos”, detalló el comunicado a la prensa.

Los técnicos constataron que la deforestación masiva viola la Ley 3663/08 de “Deforestación Cero” configurando hecho punible previsto en los Artículos 2 y 3 de la legislación mencionada. Además, se constituyó la violación de la Ley 4014 de control y prevención de incendios por provocar incendios forestales y rurales.

Además de pastizales, la quema afectó bosques correspondientes al Bosque Atlántico del Alto Paraná. Antes de la quema, los bosques nativos ocupaban un 63 por ciento de la propiedad que “eran considerados los remanentes boscosos más grandes del departamento de San Pedro” además de ser “una importante muestra del Bosque Atlántico del Alto Paraná”.

“A pesar de su sistemática destrucción, sus restos constituyen la mayor parte de remanente boscoso del país; su representatividad y los fenómenos ecológicos que guarda lo convierten en elemento esencial de conservación”, agregó el documento.

Agregaron que la pérdida del ecosistema afecta directamente la calidad de vida y la supervivencia de los recursos naturales.

“Exhortamos a las instituciones del Estado, que desde el ámbito de su competencia y atribuciones garanticen la seguridad ambiental y procedan según dicta la Ley, en respuesta a estos atropellos”, detalló el comunicado.

Propusieron también que la superficie mencionada sea adquirida por el Estado “las zonas boscosas correspondientes sean destinadas a un área protegida”.

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