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Los directivos de la casa de estudios argumentaron que la medida perjudicará a miles de estudiantes.
El Consejo intervino la universidad en enero de este año debido a sospechas sobre compras de títulos de la carrera de enfermería en una sede de Asunción. La medida administrativa finalizó recientemente con una resolución que clausura las sedes y las carreras de Itacurubí de la Cordillera, Coronel Oviedo, Mbujapey, Presidente Franco, Capiatá, Asunción, Simón Bolivar, María Auxiliadora y Monday (Ciudad del Este), informó el periodista de ABC TV, Pablo Gastón Ortíz.
Además, inhabilita 39 carreras de otras 19 filiales ubicadas en distintas localidades de los departamentos de Guairá, Caazapá, Paraguarí, Caaguazú, San Pedro, Concepción, Presidente Hayes, Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú.
La universidad hizo un descargo para revertir la situación. Sus representantes aseguran que la institución privada cuenta con condiciones para sostener las carreras ofertadas, explicó el asesor jurídico de la UPG, abogado Jorge Zárate. Sostuvo que el dictamen del Cones argumenta falta de infraestructura y debilidades académicas, pero no detalla en forma específica las supuestas irregularidades.
“Consideramos que algunas sedes y a algunas carreras sí son merecedoras de un plan de mejoras y medidas correctivas; no así de una eventual clausura”, expresó el jurista.
Las autoridades de la universidad esperan que el Consejo rectifique la resolución, pues si se cierran las filiales y carreras, miles de estudiantes deberán mudarse a otras universidades. Zárate adelantó que de presentarse este escenario, deberán entregar a los alumnos sus correspondientes certificados de estudios para que ellos puedan buscar otra institución, a fin de continuar con sus carreras.
Añadió que en múltiples filiales tiene ofertas que no ofrecen otras universidades de la zona, por lo que muchos jóvenes tendrán que ingeniarse para poder seguir estudiando.
El Cones intervino la UPG debido a denuncias provenientes de entes como el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Salud (MSP), que daban cuenta sobre el presunto otorgamiento de títulos académicos sin que los beneficiados hayan cursado carreras en la institución.
En tanto, Zárate subrayó que los cuestionamientos fueron contra “una sede que hoy por hoy es inexistente y que fue clausurada por el mismo rectorado (de la UPG) en su momento”.