Los funcionarios de la CGR pudieron finalmente llegar a esta lejana población tras la rehabilitación de los caminos. Se instalaron en la sede de la Municipalidad para verificar, en primer lugar, la documentación, y posteriormente las supuestas obras fantasmas y sobrefacturadas denunciadas por los concejales.
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Tanto los ediles como toda la ciudadanía de esta sufrida y abandonada población piden a los responsables de la CGR que realicen un trabajo serio y, por sobre todas las cosas, de manera honesta, atendiendo la grave denuncia que pesa contra el jefe comunal y considerando el estado de abandono en que se encuentra la población y el distrito.
Denuncias
El concejal Luis Da Silva (FG), principal cuestionador del pésimo desempeño del intendente, refirió que entre la supuesta sobrefacturación se encuentra la construcción de un aula en la escuela de la comunidad indígena de Puerto Esperanza. El monto aprobado por la Junta fue de G. 532 millones; sin embargo, el jefe comunal pagó G. 1.100 millones sin contar con el aval del cuerpo legislativo.
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Otra de las graves denuncias que pesan contra Ferreira es la presentación de facturas por un monto superior a los G. 400 millones, por supuestos trabajos realizados en la zona de Sierra León. “Desconocemos por completo qué tareas se realizaron en ese lugar”, señaló el concejal Da Silva.
El intendente habría ejecutado obras viales por un monto superior a los G. 1.200 millones, de los cuales G. 300 millones no tienen facturas de respaldo. Además, de forma permanente, la ciudadanía realiza colaboraciones, las famosas vaquitas, para reparar las calles, refirió el edil.
El jefe comunal intentó justificar unos G. 500 millones en supuestas obras de arreglo de ruta y de la franja costera dentro de la población, pero estas obras no existen, según el concejal, quien también mencionó que la Municipalidad, en el 2024 periodo, investigado por la CGR, recibió casi G. 3.000 millones en concepto de Fonacide y royalties.
“Necesitamos confiar en los trabajos que puedan realizar los funcionarios del órgano contralor, atendiendo que, a simple vista, se puede observar lo desastroso que se encuentra todo el distrito, y si se comprueban estas irregularidades sobre el robo del dinero público, que los responsables puedan rendir cuentas ante la justicia”, dijo finalmente el concejal.
Concejales
La Junta Municipal de esta localidad está compuesta por 12 concejales, de los cuales 8 pertenecen al Partido Colorado, 3 al Frente Guasu y 1 al PLRA. A simple vista, se percibe que la mayoría de ellos desconocen sus propias funciones, ya que solo un edil se animó a presentar la denuncia sobre estas supuestas irregularidades ante la Contraloría General de la República.
Cuando, durante la semana, los funcionarios del órgano contralor llegaron a esta población, se instalaron en el local de la Municipalidad para realizar los trabajos de verificación de documentos. En un momento dado, uno de los concejales se acercó al lugar con la intención de dialogar con los funcionarios o, al menos, observar el inicio de los trabajos.
El mismo edil mencionó que no pudo ingresar, debido a que un funcionario le indicó que el acceso estaba prohibido porque las personas de la CGR ya estaban trabajando, por lo que el concejal simplemente se retiró.
Luis Da Silva lamentó lo ocurrido, alegando que fue absurda la manera en que se comportó su colega al no imponer su autoridad. “¿Cómo es posible que un simple funcionario le prohíba el ingreso? Esto demuestra el desconocimiento de la función de un concejal, que también es una autoridad municipal”, sostuvo.
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Por su parte, el intendente Joao Ferreira (ANR–FR), al tiempo de negar las acusaciones en su contra, dijo no temer a la auditoría y que demostrará con documentaciones que su administración trabaja en base a la transparencia. “No existen obras fantasmas ni mucho menos sobrefacturadas, tal como alegan los concejales”, refirió.
Vaquitas
De nuevo, los pobladores de la comunidad se encuentran realizando colaboraciones mediante las conocidas vaquitas, con el objetivo de contratar los servicios de una empresa privada para reparar las principales calles de la población, ante el estado desastroso en que se encuentran.
Cristian Ayala, uno de los organizadores, explicó que se recurre nuevamente a este sistema de ayuda porque las autoridades municipales se desentienden de estas tareas, y por la urgencia de contar con calles en condiciones transitables. Esta es la segunda acción de colaboración en efectivo que los pobladores realizan en lo que va del año, siempre con el propósito de reparar las calles.
