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El juicio conocido como Caso Federau que llevó varias semanas desarrollándose en Filadelfia tuvo lectura de sentencia en la noche del jueves, el Tribunal de Sentencia que tuvo a su cargo juzgar a los tres procesados fue integrado por Liz María Campuzano Lidia Ríos y Shirley Romero.
De acuerdo a lo recogido en testimonios y evidencias, los acusados que fueron Rosalino Zeballos Brítez, Fabio Santacruz Mendoza y Héctor Pérez Fernández, se complotaron para asesinar en la madrugada del 19 de febrero del 2018 a Dieter Federau, quien era el conocido dueño de un taller mecánico en Filadelfia, quien recibió dos tiros mientras dormía, descartándoselo así la teoría del suicidio y evidenciando que su muerte fue un homicidio. Trascendió después que el precio puesto por el asesinato fue G.50 millones.
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El Tribunal de Sentencia dictaminó para Rosalino Ramón Zeballos 27 años de prisión más tres años como medida de seguridad, Fabio Santacruz recibió una condena de 25 años y el tercer acusado, Héctor Pérez fue absuelto por no encontrarse pruebas suficientes que lo incriminen en el hecho. Los condenados deberán pugnar pena en el penal de Emboscada.
Las pruebas documentales evidencian que el móvil principal de asesinato fue monetario y hubo premeditación en todo momento, se develó que uno de los acusados, Fabio Santacruz, pocos días después ocurrido el asesinato intentó convalidar en la ciudad de Luque, un documento que supuestamente hablaba de constitución de sociedad entre este y el fallecido de G. 1500 millones, pero en el cruce de información resultado de la investigación se evidenció que Santacruz estaba en saldo rojo en todas sus cuentas bancarias.
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De acuerdo a la investigación: “Zeballos Brítez y Fernández ingresaron a la vivienda de Federau. Allí, Zeballos procedió a realizar disparos contra la víctima, quien falleció a raíz de las heridas recibidas”. La pesquisa señala además, que “Santacruz Mendoza contrató a Zeballos Brítez a los efectos de cometer el asesinato, proveyéndole para ello la llave del domicilio de la víctima, facilitando así el ingreso de los autores del crimen”.
El caso, uno de los primeros de sicariato en el Chaco Central llevó a la ciudadanía a apoyar a la familia de la víctima en el pedido de justicia, realizándose varias marchas y movilizaciones durante los años que duró el proceso.