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“Lamentablemente, tenemos un espectáculo hasta circense, porque fijándonos en los actores se presta a un tipo de gráfica”, opinó el titular del Congreso con respecto a la situación que vive ahora Ciudad del Este con dos intendentes, ya que supuestamente la interventora Carolina Llanes sigue siendo la administradora de la Comuna, mientras que el concejal apodado Kelembu usurpó la Intendencia.
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La ciudad esteña atraviesa actualmente por un momento de zozobra y anarquía, mientras todas las autoridades gubernamentales se pasan la pelota. En ese contexto, Beto Ovelar (Colorado Añetete) también evitó ahondar sobre la situación. Reconoció que estuvo conversando con el presidente Mario Abdo, líder de su movimiento, pero dio respuestas ambiguas.
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“Yo no quiero analizar sobre un tema que no conozco a profundidad. Para mí, el Tribunal Superior de Justicia (TSJE) es el órgano que debe pronunciarse (...) Fíjense que la propia interventora no puede dar una respuesta contundente. La propia interventora no sabe a quién presentarle la conclusión”, expuso.
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Ante la pregunta de si es legal o no la actuación de Celso “Kelembu” Miranda, replicó: “Tampoco podría dar una respuesta”. Sin embargo, reconoció que tanto el mandatario nacional como él mismo desde un primer momento estuvieron de acuerdo en cuanto a lo que expresó Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior, en relación a que la Junta Municipal debió haber aceptado la renuncia de la intendenta investigada Sandra McLeod.
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Tras esto, sostuvo que en ese momento lo más apropiado era llamar a elecciones municipales y aseguró que estas acciones no serían apañar las irregularidades ni obstruir la investigación fiscal.
Por su parte, en esta ocasión, el TSJE se lavó las manos, a pesar de que la primera vez que Sandra McLeod presentó su renuncia a la intendencia esteña, este órgano estatal convocó directamente a elecciones sin aguardar el rechazo o la aceptación de la renuncia por parte de la Junta Municipal, que era el primer paso.
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Dicha acción se dio curiosamente en la fecha en que la Cámara de Diputados debía tratar la intervención, jugada que fue considerada como un intento de frenar este proceso y por la que los ministros del TSJE incluso fueron denunciados por prevaricato.