Cargando...
La Intendencia de San Bernardino, a cargo de Luis Aguilar, con la complicidad cuanto menos omisiva de la Junta Muncipal, aprobó “con los ojos cerrados” un contrato de concesión de las playas de la ciudad, el cual es sumamente desventajoso para el municipio y además, según advierte el exintendente Zubizarreta, la Comuna recibirá en 5 años apenas el 33% de lo que, por ejemplo, una empresa de gaseosas paga en 3 años.
Lea más: Concejales de San Ber aprobaron “sin leer” el “borrador de contrato”
“Él (empresario Afara Salomón) está alquilando por G. 500 millones las playas, que eso incluye Rotonda y Ciclovía –porque dice ‘las playas’–, por G. 500 millones, que va a empezar a pagar 250 millones en 2021, G. 125 millones en el 2022 y G. 125 millones en el 2023, que es cuando vence el contrato. Es una porquería de dinero eso. Eso en un mes en un evento va a ganar el concesionario. En un mes de trabajo y le van a quedar 4 años libres”, afirmó Zubizarreta en un audio que envió a artesanos y barqueros que le consultaron sobre el contrato.
El exintendente también evaluó según contratos que ya se hicieron con otras empresas y recordó que, por ejemplo, solo con una empresa importante de bebidas gaseosas se firmó un contrato G. 1.500 millones por 2 o 3 años, mientras que ahora el municipio pretende ceder todos los derechos sobre sus playas por menos de la mitad de ese monto y por casi el doble de tiempo.
“Coca-Cola pagó el año pasado –solo Coca-Cola– G. 1.500 millones por dos o tres años, en efectivo, más 50 millones en productos, más publicidad, más los impuestos que paga por los carteles”, comentó, sin contar posibles acuerdos con otras marcas que puede gestionar el municipio.
“¿Cuál es la explicación de firmar un contrato ahora desde el mes de julio, está firmado y recibir plata en 2021? No entiendo”, agregó entre sus cuestionamiento Zubizarreta, que fue consultado por los artesanos y barqueros actuales de la playa, a quienes advirtió además que el contrato no les da ninguna garantía de que el empresario no traiga más comerciantes.
“Él puede traer 10 barcos más, 15 barcos, y 50 artesanos más a un millón de guaraníes y esa gente va a tirarle la plata por la cabeza por uno, dos meses, pero les va a golpear a los auténticos que están los 365 días del año. Puede traer 5, 10 restaurantes más, parrilla, pancheros, minuteros, todo puede traer, nada le está prohibido por el contrato. Ante tu consulta de cómo iba a quedar, tengo la obligación de decirles la verdad a ustedes: es una posibilidad de acuerdo al contrato”, dijo sobre el punto de los comerciantes actuales que ven con preocupación el acuerdo.
Finalmente, los visitantes tampoco tendrían grandes beneficios, ya que, según contrato, el empresario adjudicado está obligado a hacer apenas un evento gratuito al año y por el resto tendría la potestad de cobrar entradas, por ejemplo.
Por su parte, el intendente Aguilar también respondió a los artesanos y otros comerciantes de la playa diciendo que, supuestamente, todo lo hacen por buscar empresarios que inviertan en la ciudad y que incluso podrían plantear la firma de un acuerdo con Afara Salomón para garantizar sus puestos laborales.
“Ellos que sepan que nosotros tratamos de mejorar la playa, buscando empresarios que vengan a invertir para que ellos se beneficien. Caso contrario, yo no haría ningún acuerdo, no necesito hacer si es que veo que todos están ganando bien y les está yendo bien. Veo que la cosa es que hace falta mayor inversión y por eso hicimos nosotros”, indicó Aguilar en otro audio.
“Yo no tengo ningún inconveniente de convocarle a toda esta gente, hacerle firmar si necesario fuere conjuntamente el municipio con el empresario, que ellos absolutamente serán protegidos como le venimos luego protegiendo, nunca les cobramos nada, nunca les venimos molestando. Los expositores, los barqueros, la gente que vende cosas en la playa, ellos serán los protegidos más que nunca y serán los beneficiados”, insistió el jefe comunal.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas se está interiorizando sobre el caso de San Bernardino, ya que deben analizar si el contrato se realizó por el régimen de concesión, algo que está en la facultad del Municipio. No obstante fue claro, el proceso debe darse indefectiblemente por un llamado a diferentes oferentes y no por adjudicación directa.
"Si fuese esa la figura utilizada, la de la Ley de Concesiones, la Municipalidad igualmente tendría que llamar a un proceso de licitación pública y la Junta Municipal igualmente tendría que aprobar el proceso de licitación, pero la Dirección de Contrataciones Públicas no tendría intervención, porque las concesiones tienen su propia ley", comentó el titular del ente contralor de las Contrataciones Públicas, Pablo Seitz.
No obstante, este indicó que pidieron informes a la Municipalidad de San Bernardino para que aclare si usaron o no el sistema de concesiones, a fin de eventualmente tomar intervención si es que corresponde.