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Ellos "gozan de refugio político y están en libre comunicación en el Brasil y, aparentemente, uno de ellos está de alguna manera no encontrable, digamos. No podemos decir (quién) porque hay información privilegiada que tenemos", afirmó el ex vicecanciller y nuevo embajador en el Brasil tras confirmar que, para las autoridades brasileñas, uno de estos dos requeridos por el Paraguay para ser juzgado por secuestro y otros delitos se encuentra con paradero desconocido.
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“No puedo, lastimosamente (decir quién de los dos), porque nos pidieron reserva, pero sabrás que tanto nuestro ministro del Interior (Juan Ernesto Villamayor) como nuestro ministro de la Senad (Arnaldo Giuzzio), que mucho están trabajando de forma muy cercana con las autoridades brasileñas por la lucha frontal al narcotráfico y otros delitos, están en plena comunicación”, insistió.
“Nuestras fiscalías están también en comunicación, que son parte de cierta manera del Conare (Comisión Nacional de Refugiados) en ambos países; es decir, hay un seguimiento muy serio de esta cuestión. Paraguay le atribuye muchísima importancia a esta revocatoria que ha solicitado”, remarcó Saguier sobre la solicitud de nuestro país de revocar el estatus de “refugiados” de estos dos prófugos de la justicia local.
Las autoridades paraguayas estiman que en abril ya se podría dar una resolución y que sería favorable para el Estado paraguayo. El trámite de revisión del estatus de refugiado "es un proceso concreto en el cual las partes son escuchadas e incluso la decisión puede ser recurrida. Entonces, una vez que el ministro de Justicia finalmente tome la decisión, la parte puede entrar en un periodo de que puede apelar, pero creo que ya estamos en el tramo final y eso no se puede demorar mucho más", comentó.
Juan Arrom y Anuncio Martí, dos ex dirigentes políticos del extinto Partido Patria Libre, germen del actual grupo delictivo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), huyeron al Brasil para no ser juzgados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi.
Incluso, desde el Brasil -que ahora se encuentra estudiando el pedido de revocatoria del estatus de refugiados- iniciaron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir una millonaria indemnización al Estado paraguayo por supuestas torturas relacionadas a la investigación del caso de secuestro.