Concejala departamental, con tres remuneraciones

Una concejala departamental de Paraguarí fue denunciada por percibir tres remuneraciones del Estado, lo que supone un ingreso aproximado de G. 24 millones mensuales.

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El señor Juan Lugo acercó documentación sobre la abogada Rossana Alexandra Rojas Galeano, funcionaria permanente de la Cámara de Diputados, con un salario de G. 6.618.700, más bonificación por grado académico de G. 1.200.000 y otra por antigüedad de G. 500.000 mensuales, según consta en la nómina correspondiente al mes de junio de 2014.

Como funcionaria de la Cámara Baja, fue comisionada a la Gobernación de Paraguarí por pedido del titular de la Junta Departamental, Ramón Catalino Retamozo, y en diciembre de 2013 el presidente de esta Cámara, diputado Juan Bartolomé Ramírez, aprobó la prórroga del comisionamiento a partir del 1 de enero de 2014 por el periodo de un año. Según Lugo, como asesora de la gobernación la mujer percibe G. 2.000.000 para combustible.

Sin embargo, lo que llama la atención del denunciante es que, además de estas remuneraciones, la abogada también cobra como miembro titular de la Junta Departamental, un cargo electivo con una asignación mensual de G. 14.000.000. De esta manera, la mujer -además de su salario como empleada permanente- tiene otras dos asignaciones con dinero del contribuyente de Paraguarí.

Según lo relatado por el afectado, esto contraviene lo dispuesto por la ley de la Función Pública en su artículo 61, en que ratifica que ningún funcionario puede percibir dos o más remuneraciones de entes del Estado, salvo docentes y médicos. Además, la mujer fue elegida como titular de la Junta Departamental y está próxima a asumir el cargo por el periodo 2014-2015.

Sobre ese punto, Lugo sostiene que hay complicidad incluso del gobernador Miguel Jorge Cuevas. “El presidente de la junta que ahora está saliendo pidió su comisionamiento y el gobernador le ubica en la Gobernación para manejar todo a su antojo, le ponen a una liberal para manejar políticamente el departamento”, comentó. Agregó que pusieron a conocimiento del Tribunal Superior de Justicia Electoral, pero adujo que la burocracia imperante impidió que avance la revocatoria del cargo.

ABC Color intentó comunicarse en varias ocasiones con la abogada para conocer su versión, pero hasta el momento ni las llamadas ni los mensajes de texto fueron respondidos.

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