El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), durante su sesión ordinaria, aceptó, con la disidencia del ministro César Garay, la renuncia de la jueza de Ejecución Penal de Villa Hayes, Rossana Jaqueline Rojas Benítez, quien está enjuiciada en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y en este marco ya el jueves 4 de diciembre se debió dictar sentencia en su caso, pero esto se retrasó tras conocerse sobre la presentación de su dimisión al cargo.
Sobre la jueza Rojas Benítez, en los alegatos finales presentados por el fiscal acusador del JEM Celso Ayala, se habían numerado un total de ocho hechos que se consideraron probados, sobre el incumplimiento de sus deberes dentro del fuero, considerado de alta sensibilidad. Se había pedido la remoción del cargo.
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Igualmente, en forma unánime admitieron la renuncia de la jueza penal de garantías de Lambaré, Isabel Beatriz Bracho Aquino, quien afronta un proceso penal en la Fiscalía por presunto cohecho pasivo agravado, frustración de la persecución penal y realización del hecho por funcionarios, derivado del caso Mercat, por supuestamente haber recibido sumas de dinero del narcotraficante condenado Walter José Galindo Domínguez, a cambio de brindarle medidas favorables en su proceso de 2021.
La jueza Bracho, había sido suspendida sin goce de salario por la Corte Suprema de Justicia a pedido del Jurado. Igualmente, ante el órgano juzgador de magistrados, fiscales y defensores públicos, afrontaba enjuiciamiento de oficio por la presunta comisión de hecho punible.
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Ministro y titular del JEM calificó renuncia de “artilugio”
Cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, anunció el tratamiento del punto del día relacionado a las renuncias de magistrados, y como primera de ellas la que presentó la jueza de Ejecución Penal de Villa Hayes, Rosana Rojas Benítez, el ministro César Garay, quien además ejerce la presidencia del JEM, anunció que el enjuiciamiento a la misma está para sentencia.
Garay advirtió al pleno que “para el día de mañana (jueves) está fijado el dictamineto de la sentencia en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por razones éticas y jurídicas, expreso esto”. Cabe señalar sobre este punto, que hace una semana debió dictarse, pero se retrasó por motivo de la presentación de la renuncia de la jueza Rosana Rojas.
En otro momento, Garay expresó que la renuncia “sería el artilugio para eludir la potestad constitucional e institucional que tiene el colegiado”.
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Mientras que el ministro Víctor Ríos, contrarió la postura de Garay al manifestar que “la base ética es la autonomía de la voluntad, por lo que no se puede obligar a nadie a seguir siendo parte de algo, como en este caso del Poder Judicial”.
Añadió que “tanto por la dimensión ética como la jurídica corresponde admitir la renuncia de la magistrada, de quien no recuerdo ahora su nombre”.
A su turno, el ministro de la Corte Eugenio Jiménez refirió que “no deja de ser cierto lo que dijo el ministro Garay”, sin embargo, se inclinó por la postura de admitir la renuncia de la magistrada, pero dejando constancia de que se da “en vísperas del pronunciamiento del Jurado”.