Siete de cada 10 víctimas de la mafia de pagarés son mujeres, según datos que fueron confirmados por el senador Rafael Filizzola, miembro de la Comisión Especial de Investigación.
Reveló que más de 5.000 personas fueron atendidas por la Comisión. El 87% de las personas demandadas residen en el interior del país, pero el 70% de los juicios se encuentran en los Juzgados de Paz de Asunción.
“Esto dificulta que, ante un eventual conocimiento, la persona pueda defenderse, además, refleja el esquema criminal de falsificación de notificaciones (notificaciones voladoras), evidenciando la estafa contra las personas”, destacó el parlamentario.
Funcionarios afectados
Los embargos de salarios llegan a más de 333 mil juicios, y esto equivale a 2,2 billones de guaraníes, según esta comisión. Las principales víctimas son personas en situación de vulnerabilidad.
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El enorme esquema de recaudación a través del sistema de justicia afectó sobre todo a docentes del Ministerio de Educación y funcionarios del Ministerio de Salud. También hay casos en Clínicas, IPS y otras 51 instituciones más.
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¿Dónde se “cocinaron” los embargos?
Filizzola reveló que cinco juzgados de la capital concentran el 82% de los juicios y el 66% de los montos embargados.
Se trata de los siguientes despachos judiciales:
El esquema de la mafia de los pagarés
Filizzola también reveló cómo fue la trampa y cómo se generaron las “deudas perpetuas” en perjuicio de la población.
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Los miembros del esquema actuaron de la siguiente manera:
- Préstamo o venta de electrodomésticos: hicieron firmar a las víctimas múltiples documentos incompletos por un mismo préstamo, lo que multiplica ilegalmente la deuda desde el inicio.
- Judicialización y descuentos: los pagarés nunca fueron devueltos pese al pago total de la deuda. Así, los “prestamistas” o vendedores reclamaron el mismo pago con el mismo pagaré reiteradamente.
- Gestión de cobranzas: actuaban con llamadas amenazantes e insistentes, reclamos de operaciones canceladas como morosas y cobros de intereses abusivos.
- Ejecución de los pagarés: instalaron demandas en juzgados muy distantes a sus domicilios, sin notificación, con abusos en liquidaciones e intereses. Los pagarés nunca fueron devueltos y seguía circulando para que otros tenedores extorsionaran nuevamente a las víctimas.
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Según la comisión, el esquema además tenía otra modalidad un poco distinta, mediante préstamos usurarios.
Esa segunda modalidad funcionaba de la siguiente manera:
- Préstamo por embargos: las autorizaciones quedaban en espera, ante la proliferación de embargos. Los descuentos automáticos se multiplicaban y fueron sustituidos por préstamos por embargo, también con múltiples pagarés.
- Buros de información crediticia (Equifax): consignaban operaciones sin acreditar el respaldo documental y las personas, al percatarse de su inclusión como deudor, buscaban desesperadamente abonar la deuda pese a ser ilegítima.
- Gestión financiera y compra de deuda: contactaban para informar a las víctimas de la existencia de mora y ofrecían comprar la deuda para “limpiar su Inforcomf”. El préstamo era otorgado por el Banco Nacional de Fomento, pese a que los trabajadores no tenían capacidad de pago.
- Esquema perpetuo: las víctimas recurrían a nuevos préstamos con los mismos actores porque no podían operar en el mercado financiero, sus pagarés siguen circulando y aparecieron nuevos embargos. Los expedientes no son fáciles de localizar y persiste el esquema.
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El Estado como “agencia de cobranza”
Según el parlamentario, el esquema operó siempre con descuentos salariales sin control, con documentos incompletos e incluso con expedientes judiciales incompletos.
“Las casas comerciales cobran intereses usurarios y reclaman deudas que ya están saldadas. Mientras tanto, el BNF -que tiene un contrato con la empresa Walton Capital para tercerizar los descuentos- imposibilita la revocación de las autorizaciones. El sistema falló”, concluyó Filizzola.
Según su resumen, estas fueron las principales falencias detectadas:
- El esquema de descuentos automáticos masivos sobre salarios de funcionarios y jubilados se origina en prácticas irregulares y se ejecuta a través de las giradurías institucionales. El problema central es la falta de verificación documental, permitiendo descuentos mes a mes con una simple planilla.
- Dirección General de Jubilaciones y Pensiones y Giradurías Institucionales: En estas instituciones, se documentó una falla sistémica de control y documentación. Los formularios de autorización de descuento están incompletos, carecen de fechas, vencimiento o firmas. Las autoridades proporcionaron respuestas inadecuadas a reclamos y negaron la revocación de descuentos autorizados.
- El Banco Nacional de Fomento (BNF): se encontraron autorizaciones de débito con campos incompletos y, crucialmente, se realizaron descuentos a favor de entidades no autorizadas, como Walton Capital SA. Los clientes sufren de información incompleta en sus extractos y la imposibilidad de revocar las autorizaciones de descuento.