Ante la negativa de la Presidencia de la República y del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de dar las listas de visitantes a Mburuvicha Róga a una persona que solicitó mediante el portal de acceso a la información pública, la semana pasada se presentó una acción de amparo ante la jueza María Fernanda García de Zúñiga.
Rápidamente, la Procuradoría respondió al amparo y el Gobierno volvió a negarse a dar a conocer estos datos. El escrito de la PGR, que actúa en defensa del Ministerio de Defensa Nacional, argumenta que la información solicitada no es pública, sino que está amparada por la categoría de “información reservada” según las leyes de seguridad e inteligencia del país.
Los argumentos del Gobierno de Peña
El ciudadano que presentó el amparo, bajo el patrocinio del abogado Ezequiel Santagada, sostiene que los registros de visitas deben ser públicos para garantizar la transparencia. Sin embargo, el Estado se opone férreamente y los argumentos son:
- Riesgo a la seguridad nacional y del presidente
La Procuradoría sostiene que la divulgación de datos como nombres, documentos y horarios de acceso a la residencia presidencial constituye un riesgo de seguridad de magnitud.
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“La publicación de estos datos comprometería intereses públicos críticos, especialmente la seguridad e inteligencia de las autoridades, poniendo en riesgo inmediato la integridad del Presidente de la República y su entorno,” señala el documento.
El Estado vincula esta reserva a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, argumentando que la información sensible podría ser utilizada por estructuras criminales.
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- La Ley ampara el “Secreto”
El Estado alega que su decisión no es un acto “manifiestamente ilegítimo”, como requiere la acción de amparo, sino una aplicación estricta de la ley.
La defensa se basa en que el derecho a la información no es absoluto y que la Ley N° 5282/2014 (Acceso a la Información) reconoce explícitamente la categoría de información reservada, especialmente la relacionada con el ámbito militar, de inteligencia y de seguridad presidencial.
Piden rechazo total
En ese orden, la Procuradoría General solicita al juez el rechazo total y sin dilaciones de la Acción de Amparo, argumentando que el ciudadano no pudo probar la “urgencia” ni la “ilegitimidad manifiesta” del acto administrativo, el cual sostienen que fue emitido en estricto cumplimiento del marco legal vigente.
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El Estado también rechazó la solicitud del ciudadano sobre supuestas pruebas de polígrafo realizadas a personal de la Escolta Presidencial, al considerar que esa parte de la pretensión carece de fundamento específico para ser declarada pública.
PGR pide imponer costas procesales al ciudadano que pide transparencia
Además de solicitar la desestimación total de la demanda, la Procuraduría General de la República pide al juez “rechazar con costas” el pedido. Es decir, que se imponga las costas del juicio al ciudadano que presentó el acceso a la información pública y encaró el amparo.
Las costas procesales son los gastos que genera el litigio. Al solicitar que se le impongan al ciudadano, la PGR busca que el amparista, y no el Estado, asuma los costos legales generados por el juicio, argumentando que la acción de amparo es “manifiestamente improcedente” y carece de sustento legal.
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