El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú admitió la imputación y procesó a la jueza de Garantías de Lambaré Isabel Beatriz Bracho Pedrozo, por supuesto cohecho pasivo agravado (coima) frustración de la persecución y ejecución penal, y realización del hecho por funcionarios, por presuntamente haber beneficiado al acusado de narcotráfico Walter José Galindo Domínguez en el caso Mercat.
Otazú dictó la resolución luego de ser notificado que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en su sesión ordinaria del jueves último, resolvió aprobar el desafuero de la magistrada, a pedido del fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Néstor Coronel, quien presentó la imputación en contra de Bracho, la exfiscala Egidia Gómez y la actuaria judicial Ruth Karina Ferreira Britez.
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La audiencia de imposición de medidas de Isabel Bracho está programada para el viernes 5 de diciembre, a las 8:30, a fin de analizar las medidas alternativas a la prisión solicitadas por el agente del Ministerio Público en el acta de imputación.
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Por otro lado, en sesión plenaria de la semana pasada la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió la apertura de sumario y aprobó la suspensión con goce de salario básico de la jueza Isabel Bracho, en atención a la imputación presentada por el Ministerio Público, por sus presuntos vínculos con el supuesto narcotraficante Walter Galindo.
Imputación por presunta coima de Galindo
El fiscal Néstor Coronel, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, imputó la semana pasada a la jueza penal de garantías Isabel Bracho, la actuaria judicial Ruth Karina Ferreira Brítez, y a la exfiscala Egidia Gómez Denis, por la supuesta comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado, frustración de la persecución y ejecución penal, así como la comisión de hechos por funcionarios.
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Supuestamente Bracho y Gómez favorecieron irregularmente al presunto narcotraficante Walter José Galindo Domínguez. Según el acta presentada por el fiscal Coronel, la magistrada cobró US$ 50.000 para revocar la prisión preventiva y otorgar arresto domiciliario al procesado en el caso Mercat.
Además, con una serie de artimañas con aparente complicidad de la magistrada y la fiscala, a cambio de pagos de sumas de dinero en dólares, Galindo logró zafar de ese proceso, de acuerdo con el acta de imputación admitida por el juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno a cargo del juez Humberto Otazú.
La exfiscal Egidia Gómez está convocada para el 28 de noviembre, a las 11:15; y la actuaria judicial Ruth Karina Ferreira está citada para esa misma fecha, a las 11:30, a fin de llevar a cabo la audiencia de imposición de medidas cautelares.
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Confirmada en el cargo, pese a investigación en su contra
En abril de 2024, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó en el cargo de jueza penal de garantías a Isabel Bracho. Cabe señalar que entonces, el Ministerio Público ya tenía una investigación penal abierta en contra suya, por hechos derivados del caso Mercat, en el que se indagó por narcotráfico y reducción a Walter José Galindo Domínguez, en 2021.
En aquella oportunidad el ministro Eugenio Jiménez Rolón había manifestado, casi como un defensor de la magistrada, “mucho se ha hablado y mucho se ha publicado incluso, respecto de quien actualmente está en la titularidad del cargo”.
“Es la razón por la que me he tomado el tiempo para escudriñar en los documentos que son en definitiva los que se tienen que tomar en consideración a los efectos de la decisión. Entonces, con los documentos a mano veo, y tengo a disposición, que ese sobreseimiento fue otorgado con la anuencia, el allanamiento correspondiente del Ministerio Público”, añadió Jiménez.
En ese proceso Walter José Galindo fue sobreseído definitivamente por narcotráfico, presuntamente tras haber pagado sobornos a la jueza Isabel Bracho, a la fiscala Egidia Gómez y a médicos forenses del Poder Judicial.
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“Por tanto creo que estas conjeturas, si así pueden llamarse, no podemos tomar en consideración para privarle de la carrera a un magistrado, esto sin perjuicio de que en caso de surgir algo el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados pueda hacer su trabajo. Veo que esta jueza Isabel Bracho tiene 22 años de experiencia laboral, en todo este tiempo son estos elementos los que significan una mancha, si así puede decirse, en su carrera”, refirió también Jiménez Rolón.