El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por unanimidad de votos, tomó la resolución de aplicar la sanción de remoción del cargo a la jueza de Paz de La Catedral, 2° Turno, Nathalia Guadalupe Soledad Garcete Aquino, al comprobarse el mal desempeño de sus funciones en el marco de varios procesos ejecutivos tramitados en su juzgado y que causaron “lesión y perjuicio”, según consideraron los miembros del órgano. Debe afrontar juicio, en lo penal, por el caso de la mafia de los pagarés.
El presidente del órgano y ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Garay Zuccolillo, tras dar a conocer los fundamentos de su voto, mocionó por la remoción de la jueza Nathalia Garcete. Su propuesta tuvo apoyo unánime de los demás miembros del Jurado.
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Es así que la vicepresidenta 1° del JEM Alicia Pucheta, el ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia; el diputado Diego Candia; el consejero Enrique Berni; y el senador Mario Varela, quienes sesionaron en forma presencial, así como quienes participaron a través de medios telemáticos como el senador y vicepresidente 2° del JEM Derlis Maidana, y el diputado Alejandro Aguilera, dieron su apoyo al voto de Garay.
En su momento, el ministro Manuel Ramírez, alertó que debía aplicarse el artículo 13° de la Ley N° 6814/21, que permite avanzar el proceso solo hasta el llamado de autos para sentencia, cuando se tramitan casos por hechos punibles y mal desempeño, como el caso de Nathalia Garcete. En estos casos, solo se puede retomar el proceso, tras la resolución en el fuero penal.
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Ramírez agregó, que en este caso “existe lesión, perjuicio a consecuencia de esas actuaciones irregulares. Es importante destacar, porque la magistrada dijo que la providencia no fechada no causa perjuicio, pero eso solo fue un acto inicial que tuvo consecuencias que se trasladaron en el curso del juicio ejecutivo”.
Finalmente, el JEM decidió avanzar hasta dictar sentencia.
Jueza dictó resoluciones sin fecha en los procesos
El presidente Garay dijo que a la jueza de paz Nathalia Garcete se le acusó porque “habría dictado resoluciones que contaban con la firma de la juez y actuarios, pero sin que las mismas cuenten con fecha, en contravención a lo establecido en el artículo ciento cincuenta y seis del Código Procesal Civil”.
Añadió Garay, que “del extenso número de irregularidades que podrían ser percibidas con la simple lectura de las documentales obrantes, resulta una gran cantidad de resoluciones judiciales con firma de la juez y del actuario, pero sin fechas. La fecha no se trata de un mero formalismo o decorativo en una resolución, sino de garantías mínimas que hacen a la autenticidad, temporalidad y trazabilidad de estos documentos”.
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“En tal sentido, se tienen 27 expedientes judiciales de acciones preparatorias de juicios ejecutivos en los que se dictaron disímiles providencias carentes de fechas”. Añadió que las mismas eran para señalamientos, de audiencias, de reconocimientos de firmas, de informes del actuario y hasta llamamientos a autos para resolver.
Posteriormente, recordó que Garcete contestó en su defensa, “si bien la juez en el escrito de contestación sostuvo que las providencias dictadas no causan agravios y son de mero impulso procesal, la ley sustantiva otorga calidad de instrumento público a las resoluciones judiciales, es decir, hacen plena fe por sí mismas, por lo que requieren necesariamente ser fechadas”.
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Titular del JEM calificó de “nefastas” las actuaciones de jueza
El ministro de la Corte y presidente del Jurado, César Garay enfatizó en que “es inadmisible tolerar el desconocimiento supino de leyes de personas que integran el cuadro de la magistratura. Pues la seguridad jurídica es piedra angular en la existencia de la República. Los jueces son los encargados y directores del proceso, cuya función es precisamente velar por el debido proceso y observancia de las leyes de fondo y forma”.
Luego agregó, “en la seguridad jurídica, los ciudadanos no confían en las instituciones ni en el sistema judicial, lo que ocurrió en estos casos”.
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Garay refirió que la sanción acorde al grado de reprochabilidad, establecido en el artículo 34 de la Ley N°6814/2021, “en atención a las circunstancias, en favor y en contra, corresponde a plenitud en derecho, sanción (de) remoción de la juez de paz Natalia Garcete, en razón a la alta culpabilidad por sus ignaros y anómalos obrales en detrimento inconmensurable del patrimonio y condiciones personales, sociales, económicas y hasta de salud de decenas de víctimas demandadas, quienes no pudieron ejercer el fundamental derecho a la defensa en los juicios de los que fueron anoticiados con los embargos efectuados en sus salarios y en sus bienes”.
Y por último, Garay manifestó que “las consecuencias nefastas incluso desembocaron en exclusiones del sistema financiero sin posibilidad de reinserción. Derechos humanos fundamentales fueron vulnerados en las víctimas, cuyos sueldos han sido indebida e ilegalmente descontados mediante actos procedimentales completamente irregulares iniciados”.
“Ninguna estructura quedará al margen de la ley”, sostuvo Enrique Berni
Tras dictar sentencia, el consejero Enrique Berni hizo uso de palabra y manifestó “quiero dirigirme a todas las víctimas de la denominada ‘mafia de los pagarés’, quienes durante años cargaron con las pérdidas patrimoniales, angustias personales y un profundo sentimiento de indefensión”.
Agregó posteriormente que “es plenamente consciente este cuerpo de que ninguna decisión jurisdiccional es capaz por sí sola de restituir lo que ha sido arrebatado, ni de borrar las penurias de cada una de estas personas que debieron atravesar ese dolor, no se minimiza ni se desconoce”.
Reflexionó en relación al caso conocido como mafia de los pagarés, que “la justicia, aún con sus imperfecciones, con los cuestionamientos que pesan sobre ella y con las demoras que muchas veces la empañan, finalmente llega. Llega porque hay instituciones que se rehúsan a claudicar, porque existen ciudadanos que no se resignan al abuso y porque la verdad tarde o temprano se abre paso”.
“Con la decisión adoptada hoy, este Jurado reafirma su compromiso con la legalidad, la dignidad de las víctimas y la reconstrucción de la confianza pública y puede afirmarse con plena convicción que el Jurado está haciendo justicia, una justicia que no repara totalmente lo sufrido, pero reivindica a quienes fueron atropellados, y envía un mensaje claro de que ninguna estructura, por más arraigada que esté, quedará al margen de la ley”, enfatizó.
“A las víctimas que resistieron y esperaron, se le dice, su voz fue escuchada finalmente; su lucha no fue en vano y esta decisión, es también un acto de reconocimiento a esa perseverancia silenciosa que sostuvo el reclamo de la verdad y la rectitud”, expresó al cierre de su alocución el consejero Berni.