La tensión política y social dentro de la Municipalidad de Villarrica se agudizó en los últimos días tras las manifestaciones de dos comisiones vecinales que ocupan terrenos municipales y que reclaman el estancamiento de sus expedientes de loteamiento y arrendamiento.
La protesta del martes, realizada en el recinto de la Junta Municipal, derivó en la suspensión de la sesión ordinaria debido a la presión ejercida por los vecinos.
El primer caso involucra a aproximadamente 70 familias que actualmente ocupan un terreno de unas tres hectáreas en la compañía San Francisco Potrero.
Este inmueble se encuentra en medio de una controversia jurídica debido a que fue adquirido por la empresa Metaflex S.A.C.I. en el año 2014, mediante un pago cercano a G. 90 millones considerado “simbólico”, bajo el compromiso de realizar inversiones industriales que generen empleo para habitantes de la zona.
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La resolución municipal que autorizó aquella adquisición establecía un plazo de un año para que la empresa cumpla con las inversiones prometidas. Sin embargo, dicho plazo fue prorrogado repetidas veces sin que se registraran avances significativos.
Finalmente, cuando el municipio manifestó su intención de recuperar el inmueble, Metaflex solicitó a la Junta Municipal una reconsideración del caso, bajo términos que exigían la devolución del monto abonado.
Según fuentes internas del municipio, este pedido de reconsideración nunca fue analizado por la comisión competente de la Junta. Esta falta de tratamiento habría generado preocupación entre los ocupantes, quienes temen que algunos concejales impulsen la devolución del dinero a la empresa privada, lo que retrasaría o impediría la adjudicación del predio a las familias que ya iniciaron formalmente trámites y pagaron el canon correspondiente.
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Por otra parte, algunos ediles indicaron que la recuperación del inmueble ya fue finiquitada, por lo que el avance de los trámites está en manos de la administración municipal.
A esto se suma el reclamo de una segunda comisión vecinal, que ocupa un inmueble situado en la zona limítrofe entre Villarrica y Yataity. Los vecinos denuncian que la Junta no da trámite a los pedidos de loteamiento de tierras pertenecientes al ejido municipal, pese a que —según señalan— se trata de espacios destinados históricamente a ser adjudicados a ciudadanos sin vivienda.
Una versión aún no confirmada por autoridades municipales indica que la razón principal del estancamiento sería la existencia de expedientes superpuestos provenientes de la época en que ese territorio estaba bajo administración del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Esta superposición dificultaría determinar la titularidad real del inmueble y frena el avance de los trámites.
Los ocupantes sostienen que la necesidad de acceso a la vivienda debe ser prioritaria y exigen que la Junta Municipal “deje de postergar indefinidamente” la resolución de los expedientes. Además, temen que intereses particulares o disputas políticas estén influyendo en la demora.
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La protesta del martes, que se desarrolló en medio de gritos y reclamos, obligó al levantamiento de la sesión ordinaria de la Junta. Concejales presentes afirmaron que, si bien los expedientes existen, deben ser estudiados con rigor jurídico y uno por uno para evitar irregularidades en la adjudicación de tierras públicas.
No obstante, los manifestantes sostienen que el cuerpo legislativo municipal lleva meses sin analizar los pedidos, mientras que las familias afectadas continúan viviendo en condiciones precarias y sin la seguridad jurídica mínima.