La jueza de Ejecución interina Sandra Kirchhofer dejó sin efecto las medidas alternativas a la prisión y ordenó la captura en todo el territorio nacional de la docente Nélida Huespe de Peralta, de 81 años, en atención a que quedó firme su condena por el desvío de más de G. 1.200 millones de cuentas de la Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay; en consecuencia debe cumplir la pena de dos años y seis meses de cárcel.
La magistrada resalta que la Sentencia Definitiva N° 12 de fecha 5 de enero de 2024 se encuentra firme para ser ejecutada la condena impuesta, por lo que corresponde levantar las medidas alternativas a la prisión preventiva dispuesta por A.I. N° 855 de fecha 2 de noviembre de 2018 y modificado por A.I. N° 227 de fecha 10 de abril de 2019 dictado por el Juzgado Penal de Garantías que estuvo a cargo de la causa.
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Una vez que la Policía Nacional ejecute la captura, la docente condenada pasará a guardar reclusión en la penitenciaría habilitada por el Ministerio de Justicia en libre comunicación y a disposición del Juzgado de Ejecución Especializado en Crimen Organizado.
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En el juicio oral, el Ministerio Público y la querella habían solicitado que las docentes sean condenadas también por el hecho punible de apropiación; sin embargo, el colegiado que dictó la sentencia concluyó que esta conducta de las acusadas se encuentra absorbida por el delito de lesión de confianza, por lo que fueron condenadas como coautoras solo por este último hecho punible.
Perjuicio de G. 1.200 millones a la Aso de Funcionarios Públicos
En un juicio oral y público que concluyó el 5 de enero de este año, las docentes Nélida Huespe de Peralta y Celina Villalba de Lovera fueron condenadas a dos años y medio de prisión al ser halladas culpables de la comisión de los delitos de lesión de confianza y apropiación de recursos pertenecientes a la Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay.
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Para el Tribunal de Sentencia, presidido por Héctor Fabián Escobar e integrado por Federico Rojas y Carlos Hermosilla, quedó probado que a partir del 29 de diciembre de 2014 al 13 de marzo de 2015, y una operación concreta en setiembre de 2015 de G. 20 millones, se perpetró un despojo a la Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay de un total de G. 1.240.971.193, suma que tenía depositado el gremio en la cuenta de ahorro de un banco de plaza, alegaron los acusadores.
La Fiscalía y querella adhesiva concluyeron que Nélida Huespe de Peralta y Celina Villalba de Lovera, valiéndose de los efectos de una resolución ilegal e ilegítima como lo es el Acuerdo y Sentencia N° 54 de 2014, lograron acceder de manera totalmente ilegal a una presunta representación en la Asociación Central de Funcionarios Públicos, que no era tal.
Si bien es cierto que las mismas no tomaron posesión de cargo, se valieron de la mencionada resolución judicial para cambiar el registro de firmas de las cuentas que tenía la Asociación de Funcionarios Públicos en el Banco Familiar para de esta manera disponer del dinero en las fechas indicadas, hasta vaciarlas, según la acusación.
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