La empresa Preforte denunció que enfrenta un “hostigamiento sistemático” que pone en riesgo su operación en Paraguay y genera un mensaje negativo para los inversionistas extranjeros.
En un comunicado, la compañía recordó que llegó al país respondiendo al llamado del Gobierno para invertir. En una primera etapa, realizó una inversión de más de US$ 7,5 millones para instalar una planta hormigonera en Luque, equipada con tecnología nueva y orientada a la producción de hormigones sustentables.
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Según Preforte, el proyecto generó más de 700 empleos directos e indirectos, beneficiando a unas 2.500 personas. Sin embargo, la firma denunció que su operación fue suspendida por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) en menos de 24 horas, supuestamente, sin posibilidad de defensa ni verificación técnica.
Piden respuestas de las instituciones para no recurrir a la Justicia
En entrevista con ABC Cardinal, el gerente general Julio César Suárez aseguró que la compañía cuenta con todas las licencias y permisos ambientales y municipales necesarios. Calificó la suspensión como un “error administrativo” motivado por presiones de competidores del rubro.
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“Estamos paralizados, no operamos. Esperamos que el Ejecutivo y la justicia corrijan esta arbitrariedad”, expresó Suárez.
El directivo también afirmó que la planta está ubicada en una zona industrial de Luque, donde operan otras empresas similares e incluso de mayor escala e impacto ambiental. Aseguró que Preforte cumple con los estándares internacionales de producción ecológica y que sus equipos son totalmente nuevos.
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¿Qué dicen los vecinos de Zárate Isla?
Sin embargo, los vecinos sostienen una versión completamente opuesta. Según Eduardo Aguayo, abogado del grupo afectado, la empresa fue habilitada en un lugar donde estaba “expresamente prohibido” instalar industrias de ese porte.
“En la ciudad de Luque existe un plan de ordenamiento territorial que data del año 2001, y el barrio Zárate Isla no estaba contemplado como zona industrial. Aun así, se otorgó la habilitación y la declaración de impacto ambiental en tiempo meteórico, sin un estudio pormenorizado de los efectos en el ambiente y en la salud de los vecinos”, afirmó Aguayo.
Aseguró que los reclamos nada tienen que ver con competencias de otras empresas, sino que son vecinos que se ven afectados por la planta industrial.
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“No es un reclamo antojadizo de los vecinos, parte de un documento formal, que era el plan de ordenamiento territorial vigente al momento de su instalación”, insistió.
Al respecto, el gerente de la empresa había señalado que supuestamente sí estaban habilitados, que sus maquinarias no contaminan e incluso que no hay vecinos cerca de la fábrica de hormigón.