En San Pedro de Ycuamandyyú, mayoría colorada impone nuevo endeudamiento. El pedido del Ejecutivo comunal fue aprobado por mayoría simple, tras un empate de seis votos contra seis, que fue desempatado por el presidente de la Junta, Pascual Ocampos (ANR).
Entre los que votaron a favor figuran los colorados Pascual Ocampos, Silvio Irala, Mercedes Quiñónez (hermana del intendente), Éver Vera, Damiana Agüero y Apolonio Álvarez —este último cuestionado por la legalidad de su banca—. En contra se manifestaron los liberales Lurdes Cardozo, Roberto Velázquez y Rosalino García, junto con los colorados Rodrigo Molinas, Vicente Peña, y Juana Rodríguez.
Tras la votación, ciudadanos autoconvocados lanzaron huevos y gritaron consignas contra los ediles oficialistas, acusándolos de “votar por sus bolsillos” y de endeudar al pueblo.
Crisis política y financiera sin salida
La decisión llega luego del fracaso del intento de emisión de bonos por G. 48.000 millones, presentado por el intendente Quiñónez. Ante la falta de recursos, el jefe comunal recurrió ahora a un crédito menor, con el argumento de cubrir salarios atrasados y compromisos financieros urgentes.
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La Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú arrastra meses de atraso en los pagos a funcionarios, lo que ha provocado renuncias y protestas.
Junta fracturada y cuestionada
La sesión extraordinaria también volvió a poner en evidencia la división política y las irregularidades internas en la Junta Municipal.
El presidente Pascual Ocampos mantiene en el cargo a Apolonio Álvarez (ANR) como concejal titular, pese a que su incorporación es cuestionada por la bancada liberal y denunciada ante el Tribunal Electoral.
En paralelo, los ciudadanos denuncian una gestión debilitada y sin transparencia, mientras la ciudad enfrenta calles destruidas, falta de obras y servicios colapsados.
Ciudad endeudada y malestar ciudadano
Con la aprobación del nuevo crédito, la Municipalidad suma otro compromiso financiero, mientras la comunidad no percibe mejoras visibles en la gestión. Organizaciones civiles y referentes locales exigen que la Contraloría General intervenga para auditar el uso de fondos y las decisiones de la Junta.
“La gente está cansada de que los políticos usen la crisis para beneficiarse. La ciudad se cae a pedazos y ellos solo piensan en cobrar”, expresó un ciudadano durante la protesta frente al edificio municipal.