El Tribunal de Sentencia, presidido por Pablino Barreto e integrado por Juan Dávalos y Ana Rodríguez, declaró reprochables a Walter José Galindo Domínguez, así como a su pareja Luz Antonella Guerrero Quintana, como autores de los hechos punibles de comercialización de sustancias estupefacientes y por soborno agravado, en la modalidad de ofrecimiento, en el caso Mercat.
Si bien la Fiscalía estuvo representada por la agente María Irene Álvarez, la investigación la inició Lorena Ledesma. Mediante escuchas telefónicas se logró descubrir como operaba la estructura de Galindo en todo el departamento Central, como también en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), de donde eran la mayoría de los que componían la estructura de Galindo.
La fiscal Lorena Ledesma explicó que justamente, mediante la misma técnica, se logró también descubrir como Galindo y sus abogados sobornaron a varios funcionarios públicos, entre ellos a la fiscala -ya jubilada con honores-, Egidia Gomes, hermana del abatido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, y la jueza Isabel Bracho, quien otorgó medidas sustitutivas a la prisión a Galindo.
La investigación por soborno a las magistradas está a cargo del fiscal Néstor Coronel, quien con esta condena a Galindo ya tendría suficientes elementos para comprobar la existencia del soborno.
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Galindo pagó US$ 50.000 a magistradas
Según la investigación que llevó adelante Ledesma, la causa de soborno se comprobó ya después de los allanamientos que realizaron en el domicilio del mismo.
“Se realiza un allanamiento de manera paralela en su domicilio, que no es un allanamiento realizado por nosotros, donde incautan en su caja fuerte tres kilos de cocaína. Esa incautación permitió el origen de otra investigación, que creo que es la que todavía sigue en curso, y nuevamente después el se conecta con su celular y empieza nuevamente a conversar con su misma estructura comentando los eventos y el hallazgo”, indicó Ledesma.
Incluso en estas nuevas conversaciones, Galindo informa a los miembros de su estructura y a sus abogados los montos que pagó a las autoridades nacionales para recuperar su camioneta, para obtener su libertad y para justificar algún tipo de reclusión domiciliaria por el estado de salud porque supuestamente tenía Covid.
“Después una intervención directa y pagos directos a autoridades judiciales, todas esas informaciones se recabaron nuevamente a través de esas técnicas, donde evidentemente él recupera su aparato celular, paga para que nuevamente le devuelvan su aparato celular y ahí es que nuevamente nosotros podemos seguir con la secuencia de las escuchas”, señaló.
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Reemplazaron cocaína con bicarbonato
El equipo liderado por Ledesma allanó el despacho de la fiscala Egidia Gomes para verificar si estaban los tres kilos de cocaína incautados a Galindo, donde corroboraron que la sustancia era muy diferente a la incautada en la vivienda de Galindo, presumiblemente habrían cambiado la misma por bicarbonato de sodio, además de que el paquete en el que estaban guardados los tres kilos de cocaína fueron alterados, según técnicos forenses.
Además de las magistradas, del hecho participaron otros funcionarios públicos, como funcionarios de judiciales, dos médicas forenses que también fueron procesadas por expedir los certificados médicos constatando un estado de salud que le permitió y habilitó a que Galindo tenga reclusión domiciliaria, además de sus abogados y agentes de la Policía Nacional.
Si bien Ledesma estuvo solo 72 horas en la causa, lograron imputar a todos los implicados en la causa por sobornos antes de que sea apartada.
“Hoy se puede comprender cuáles fueron los motivos por los cuales me recusaron en la causa, y cuáles fueron los motivos por los que no me confirmaron en la causa. Esta sentencia, que de por sí todavía no está concluida, permitió afirmar que más de US$ 50.000 él pagó para obtener ciertos beneficios y de esa manera salir con un sobreseimiento provisional en la otra causa”, afirmó Ledesma.
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¿Qué dice el fiscal Coronel?
Agregó que con la condena, además de los elementos que en su momento ya facilitados al fiscal Nestor Coronel, debería hacer prosperar la causa contra las magistradas. “Tenemos un tribunal que claramente ya constató, porque el juicio está dividido en dos porciones y constató que efectivamente hubo suma de dinero que Walter Galindo pagó por soborno; sin embargo, la causa que investiga a las personas que, aparentemente recibieron, no prospera”, sostuvo Ledesma.
Por su parte, el fiscal Néstor Coronel, aseguró que están trabajando en la investigación contra las magistradas por cohecho pasivo agravado, como siempre se trabajó. Indicó que la condena ayuda a los elementos que fueron recolectados durante todo el proceso de investigación, por lo que ahora también analizarán todo lo recopilado para tomar la decisión de imputar a los funcionarios sindicados como sospechosos.
“Ninguna figura penal se va a descartar dentro de lo que tiene que ver con los elementos que tenemos y de acuerdo a eso, la formulación de todo lo que es la hipótesis fáctica. O sea, bien sabemos que si bien es cierto, en este caso, el tribunal ya confirma que este señor pagó para obtener ciertos beneficios, ahora también queda la contraparte que es la elaboración de esas conductas que podrían ser consideradas para aquellas personas funcionarias que han ayudado a las irregularidades que se cometieron”, sostuvo.
Sobre si pedirán el desafuero de la jueza Isabel Bracho, contestó que lo analizarán más adelante, ya que la decisión sobre el pedido también tiene relación con la seguridad de la investigación.