La fiscala Belinda Bobadilla, quien lidera el equipo fiscal encargado de investigar el esquema de “La mafia de los pagarés”, explicó en marzo de este año que el mismo consistía en una suerte de acuerdo entre jueces, actuarios, ujieres notificadores, oficiales y abogados demandantes, representantes de diferentes empresas de cobranzas, para llevar adelante juicios de acción ejecutiva para los descuentos compulsivos de salarios a través de los embargos.
A esto se suma la supuesta utilización de informes de notificación practicados por ujieres, que en la realidad se consignaban como efectuados, sin que los deudores y demandados tengan conocimiento de las citaciones para reconocer firmas, intimación de pago, enterándose recién de los mismos a través del descuento de sus salarios. Este era el modus operandi que llevaban a cabo los más de 60 imputados, según sospecha la Fiscalía.
Dicha investigación se originó tras las denuncias realizadas por el abogado Jorge Rolón Luna, quien antes de presentar las denuncias, se reunió con Miguel Marecos, titular de Sinadi, a fin de organizar a los docentes y presentar una denuncia colectiva.
Sin embargo, lejos de acompañar la propuesta de Rolón Luna, Marecos incluso amenazó al abogado, advirtiendo que podría incluso recibir disparos por desconocidos si seguía con la investigación.
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“Él literalmente me dijo que deje de hacer esto, que no iba a conseguir nada, que no iba a pasar nada y que iban a aparecer personas que si yo seguía con esto, iban fácilmente a disparar (contra) mi casa, mi vehículo y que me cuide. Miguel Marecos me dijo eso. Yo me fui a reunir con él en su oficina en una oportunidad y él me dijo eso”, afirmó.
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Las amenazas en “La mafia de los pagarés”
Rolón recordó que cuando los medios se hicieron eco de las denuncias, gente conocida le llamaba y amenazaba con querella por difamación, injuria y calumnia, además de la casación de su matrícula de abogado.
“A través de personas conocidas mías me hacían llegar de manera indirecta recomendaciones de que pare con esto, o que ya hice lo suficiente, pero que no toque a otras personas que no están apareciendo en las investigaciones fiscales y sobre quienes todavía no había habido consecuencias directas”, agregó.
Dijo que nunca quiso hablar de estas amenazas porque en estos ámbitos, cuando uno toca intereses, son normales.
“Lo que sí recuerdo y lo que me pareció más fuerte fue lo que me dijo Miguel Marecos en su momento. Me pareció, no una advertencia amable, sino lo contrario, como diciéndome ‘no te metas en esto’. Cuando yo había buscado en él un aliado, se negó a colaborar. Yo pensé que era un dirigente gremial que se preocupaba realmente por sus compañeros”, aseguró.
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Fiscalía omite asociación criminal
Según Rolón, tanto el Poder Judicial como la Fiscalía buscan hacer del caso “La mafia de los pagarés” una “detonación controlada”, ya que se comprobó que existe una asociación criminal dentro de la justicia que actuaba para embargar el salario a los trabajadores, sobre todo del sector público.
“Desde un primer momento el Poder Judicial ha llegado a un techo que no se quiere romper para abrir ese techo y que entre el sol realmente a matar esa humedad que agarró todo. Acá hay actores muy importantes en distintos ámbitos que tienen intereses en esta mafia que genera millones de dólares de ganancias anuales. Desde un primer momento que esto se empezó a investigar a regañadientes por parte de la Corte, la Fiscalía, que se tomó cierto tiempo en generar un equipo especializado”, indicó.
Denunció que la Fiscalía está actuando sobre la base de algunas suspensiones condicionales del procedimiento generando una impunidad que carece de sustento legal, ya que las mismas, que están previstas en el Código Procesal Penal, están haciéndose contrariando el texto de la ley, ya que no hay reparación del daño, aquiescencia o aceptación de las víctimas.
También que los delitos por los cuales estas personas están imputadas anticipan eventuales condenas muy bajas para que la suspensión sea posible, caratulando las causas con delitos cuya pena es menor a dos años.
“No estamos hablando de alguien que manejó borracho una noche y que cometió un delito en estado de embriaguez y que fue un episodio en su vida. Estamos hablando de gente que sistemáticamente se dedicaba a estafar a ser parte de un esquema de estafas masivas y de robo descarado a personas de condición modesta”, criticó.
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Implicancia de Jorge Bogarín
Agregó que desde un primer momento tuvo la impresión de que lo que se quiso hacer es “una detonación controlada” para no perder el control de lo que está pasando y no llegue hasta las últimas consecuencias.
“No se imputó por asociación criminal de manera a que las penas sean más bajas, cuando hay claramente asociación criminal si uno toma en cuenta las disposiciones que están contenidas. La descripción de las conductas contenidas en el artículo 239 del Código Penal. Quien tiene que ordenar internamente la casa es el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia. A estos abogados involucrados se les hubiera casado la matrícula a todos ellos. No está pasando eso”, afirmó
Algunos de los indicios evidentes denunciados por las víctimas es que las instancias de auditoría de la Corte Suprema de Justicia, que realizan auditorías periódicas, no detectaron las irregularidades en los expedientes. Tampoco que en 500 casos siempre se utilizaba un mismo testigo que indicaba que la persona no estaba en su domicilio cuando esta debía ser notificada, ni que un ujier hacía 50 notificaciones en un mismo día en distintos lugares del país o fuera del país, o la desaparición de expedientes.
“La fiscalía, que su investigación está tratando de no tocar a poderosos, está tratando de salvar a funcionarios judiciales que tienen conexiones políticas y tienen conexiones políticas con Jorge Bogarín, quien prometió impunidad en actos proselitistas cuando estaba en campaña en su movimiento para cargos en el Consejo Directivo de Derecho UNA”, finalizó.
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El “premio” del MEC a Marecos
Miguel Marecos, titular del Sinadi, fue premiado por el ministro de Educación, Luis Ramírez, al recibir el cargo de interventor y director general interino de la Escuela Nacional de Educación Física el año pasado.
El sindicalista, uno de los más críticos de la gestión actual del MEC, aprovechó cuando asumió al nuevo cargo para alabar la gestión del jefe de gabinete de la cartera, Aníbal Zapattini Lepretti.