El traslado de Miguel Ángel Insfrán, alias Tio Rico, señalado por el Ministerio Público como uno de los principales articuladores del esquema de narcotráfico y lavado de dinero investigado en el operativo A Ultranza Py, de la penitenciaría de máxima seguridad de Minga Guazú a la penitenciaría nacional Martín Mendoza de Emboscada se dio a conocer el viernes último.
Esto generó que el tribunal de sentencia que lleva el caso derive una nota consultando sobre el motivo del mismo, lo que causó incluso una tensión entre las instituciones, ya que el Ministerio de Justicia no comunicó del traslado.
Según Rubén Maciel, viceministro de política criminal, aclaró que el traslado se dio a una institución equivalente en cuanto a infraestructura y tecnología, así como también que el motivo del mismo fue a raíz de una serie de informaciones de inteligencia y otros elementos de sospecha que por razones de seguridad justificaban moverle a otra penitenciaría bajo el mismo régimen.
“Lo mismo ocurrió con aquellos que se habían fugado de Minga Guazú y que al ser recapturados fueron llevados a esa misma penitenciaría, pero también por razones de mejor seguridad fueron trasladados a Martín Mendoza. En este caso, en particular, este interno, él está en Martín Mendoza, en un módulo diferenciado a donde están otras personas procesadas también por la misma causa”, sostuvo.
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Traslado de los hermanos Insfrán
Otro de los procesados por el caso “A Ultranza Py” fue el hermano de “Tio Rico”, José Insfrán, conocido por su oficio de pastor de una iglesia evangélica.
Maciel aseguró que si bien ambos fueron trasladados a las penitenciarías ubicadas en Emboscada, están en módulos diferentes que están arquitectónicamente separados, por lo que no hay posibilidad de comunicación entre una persona que está en un módulo con otra persona que está en otro módulo.
Recordó que el Ministerio de Justicia puede disponer de acuerdo a los riesgos que evalúa donde guarda reclusión cada recluso, siempre que sea en las mismas condiciones de las que disponga el tribunal, como en este caso, en un módulo especial de seguridad, ya que el órgano del Poder Ejecutivo es el responsable de velar tanto por la seguridad de los penales, como de las personas privadas de libertad.
Agregó que la comunicación no se realizó al juzgado por una cuestión de seguridad y que también ya comunicaron todo al tribunal que solicitó informes al respecto.
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Corrupción de personal de blanco
El abogado Napoleón Acosta, representante legal de Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, explicó que el traslado de su cliente obedeció a una decisión humanitaria debido a su deteriorado estado de salud.
El viceministro, por su parte, desmintió al abogado y dijo que el traslado se dio realmente por una cuestión de seguridad. Recordó que si bien es cierto que Miguel Ángel Insfrán estuvo internado en la sanidad de Minga Guazú, el mismo ya fue dado de alta y ya estaba en su celda.
“Razones de salud no fueron, fueron razones de seguridad. Cuando la Fiscalía allana su sala de internación y ellos incautan el teléfono celular del personal de blanco, nosotros también tomamos medidas administrativas de trasladar y de hecho la semana anterior se hizo todo unos trabajos que todavía eso no vamos a difundir a la ciudadanía, justamente para verificar el nivel de integridad también y otras cuestiones de nuestro propio personal”, explicó.
Sobre los funcionarios presuntamente implicados, confirmó que ya se tomaron las medidas correspondientes, como traslados de los mismos, mientras que se investiga la sospecha de implicancia de ayuda a “Tio Rico” para comunicarse con el exterior.
Rememoró que en el caso del intento de fuga de Minga Guazú también hay una investigación penal abierta a cinco funcionarios que actuaron para ejecutar una liberación. En el caso de “Tio Rico” la ayuda que brindó el funcionario tendría relación con la comunicación al exterior del procesado por el caso “A Ultranza”, además de otras cuestiones que no reveló.
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Privilegios en las cárceles
El Ministerio abrió una investigación por una supuesta celebración no autorizada en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Cambyretá, donde el presunto narco Faustino Ramón Aguayo Cabañas habría festejado el cumpleaños de su hija.
Sobre esto, el viceministro dijo que el director de la cárcel, Pedro Javier Rodas Falcón ya realizó su descargo. Aclaró que si bien están permitidos los festejos de cumpleaños los días de visita, la envergadura de lo que se dio a conocer es lo irregular que se está actualmente investigando. Negó que el director tenga protección de Hernán Rivas, senador colorado cartista.
Actualmente, existe un 79% de personas privadas de libertad sin condena, uno de los porcentajes más elevados de la región. Ante esto, también están proyectando que la Penitenciaría Nacional de Tacumbú sea la que albergue a quienes no tienen una condena firme.
Además, si bien el Poder Ejecutivo tiene presupuestadas 1.000 tobilleras electrónicas, actualmente hay entre 20 y 25 que fueron aplicadas, según sostuvo Maciel.