A Ultranza: otorgan 6 meses más para cerrar causa contra Gianina García

Gianina García Troche, pareja de Sebastián Marset, procesada por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Gianina García Troche, pareja de Sebastián Marset, procesada por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.IVAN LEGUIZAMON

Un Tribunal de Apelaciones consideró el grado de complejidad de las diligencias que están pendientes, en la causa A Ultranza Py sobre Gianina García Troche, por lo que otorgó un plazo extraordinario de 6 meses más al Ministerio Público para concluir las mismas. La procesada es pareja de Sebastián Marset y se la investiga por presunto lavado de activos.

A través del Auto Interlocutorio (AI) N° 138, los integrantes del Tribunal de Apelaciones, Mario Camilo Torres, Paublino Escobar Garay y Arnulfo Arias, otorgaron la prórroga extraordinaria al fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Deny Yoon Pak, consistente en 6 meses más, para concluir la investigación a Gianina García Troche, por el caso A Ultranza.

Con esta determinación, la fecha para presentación de requerimiento conclusivo pasa del 20 de noviembre de 2025, la cual era inicialmente, pasa para el 20 de mayo de 2026. En esa oportunidad el Ministerio Público podrá acusar o solicitar cualquier otra salida jurídica.

El fiscal Pak argumentó en su solicitud de ampliación de plazo investigativo que, “a los efectos de confirmar o desvirtuar las manifestaciones hechas por Gianina García Troche, la ampliación del periodo de investigación permitiría obtener los elementos adecuados para determinar con mayor exactitud, la participación de la imputada”.

Al menos 12 diligencias son las que se encuentran pendientes de obtención para la Fiscalía. Entre ellas, informes financieros sobre las cuentas habilitadas a nombre de la firma “Kuarahy SRL”, firma que le expidió el supuesto certificado de trabajo a García; así como informes de la Superintendencia de Bancos, de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

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También está pendiente de consecución las respuestas a pedidos de informes relacionados a la firma “San Jorge SA”, con RUC 8011827-7; además, del análisis de comunicaciones mantenidas, entre otros, por Sebastián Marset, por Sky Ecc; y otras diligencias que competen a la colaboración jurídica internacional con Uruguay, el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos.

Gianina García Troche y Sebastián Enrique Marset en la ciudad de Dubái.
Gianina García Troche y Sebastián Enrique Marset en la ciudad de Dubái.

Defensa alegó que Fiscalía tuvo tiempo suficiente

El abogado Rafael Blanco, uno de los profesionales del derecho que integra el equipo jurídico que defiende a Gianina García, señaló su desacuerdo con el pedido del fiscal Deny Yoon Pak para tener más tiempo en la causa.

Blanco había referido que el agente del Ministerio Público ya tuvo “más del plazo razonable” para investigar. Agregó, que los elementos que ahora quiere incorporar el fiscal, debió haberlos incorporado anteriormente, pues el caso lleva abierto cuatro años.

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En ese sentido, el abogado Blanco refirió que la Fiscalía ya tuvo tiempo suficiente para llevar a cabo todas las diligencias.

La uruguaya Gianina García fue imputada en el marco del caso A Ultranza Py el 22 de febrero de 2022; posteriormente, se declaró su rebeldía y se suspendieron los plazos hasta el 20 de mayo de 2025, cuando finalmente fue puesta a disposición de la justicia paraguaya, tras ser extraditada de España, donde cayó detenida el 17 de julio de 2024, luego de ser expulsada de Dubái.

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Gianina García busca evitar juicio oral

En otro momento, el abogado Rafael Blanco confirmó lo que había indicado ante un medio uruguayo el abogado Santiago Moratorio, de que como defensa de Gianina García buscarán agotar todas las instancias y poder llegar así a una salida alternativa conclusiva, evitando así llegar a juicio oral.

En tal sentido, detalló que buscarían llegar a un acuerdo y admitir el hecho punible por el cual se le investiga para lograr una condena mínima a través del procedimiento abreviado y, de esta forma también, lograr que se le conceda el arresto domiciliario a la procesada.

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Agregó que en este contexto apelarán a la igualdad procesal, pues en el marco de la causa A Ultranza hubo ya 11 condenados entre 2 y 5 años de pena privativa de libertad, por procedimiento abreviado, entre ellos testaferros y colaboradores para el lavado de activos.