La semana pasada la Comisión de Legislación del Senado dictaminó aprobar con modificaciones el proyecto del cartismo, que modifica el artículo 8º de la Ley 609/95 y deroga la Ley 7058/2023, que busca restablecer el “voto secreto” en la Corte Suprema de Justicia, por lo que miembros de “Somos Anticorrupción” y de la “Coordinadora de Abogados del Paraguay”, presentaron una nota de rechazo.
Solicitan el rechazo del proyecto de ley por considerar que las modificaciones propuestas al Artículo 8° de la Ley N° 609/95 representan un retroceso institucional en materia de transparencia, publicidad y control público de los actos del máximo tribunal de la República, y contravienen principios fundamentales de la Constitución Nacional.
Aseguran que el análisis comparativo de la ley vigente y el proyecto de reforma, evidencia variaciones de alto impacto que debilitan los pilares de un Estado Constitucional de Derecho.
“La modificación de la Ley N.º 7058/2023, que introduce el voto a viva voz y la rotación en la presidencia de las circunscripciones judiciales, responde a la necesidad de desmontar prácticas históricas que han socavado la transparencia y la independencia del Poder Judicial. Durante décadas, el voto secreto fue utilizado como herramienta de manipulación política, permitiendo que las decisiones sobre autoridades judiciales se tomaran fuera del ámbito institucional, bajo la influencia directa del gobierno de turno”, señala el escrito.
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La abogada y activista Esther Roa, indicó que lo más importante es la rotación de los superintendentes en las circunscripciones en donde prácticamente se eternizan.
“¿Por qué César Diesel no quiere dejar, por ejemplo, el Alto Paraná o Amambay? ¿Por qué, por ejemplo, el ministro Garay no quiere dejar su feudo en el Chaco? Y otros ministros también. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos, ¿es independiente el poder judicial?”, manifestó.
Por su parte, el exsenador Pedro Santa Cruz manifestó que es demasiado importante que siga la ley como está. “Con esto volvemos al feudalismo en los departamentos con la cuestión de la superintendencia”.
“Solicitamos al Senado de la Nación el rechazo del proyecto de ley, a fin de preservar los avances logrados en materia de transparencia, publicidad, periodicidad y control institucional del Poder Judicial, esenciales para la consolidación de la democracia en la República del Paraguay”, enfatiza el documento presentado.