Con esta situación, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) estaría gastando cerca de G. 960.840.000 en total por viviendas que, según pobladores, no sirven ni para proteger animales de ranchos. Las pequeñas construcciones, de paredes de terciada y techos de chapa zinc, deberían tener 6 metros de largo por 3 de ancho, pero las mediciones realizadas por este medio constataron que solo alcanzan un promedio de 2,80 metros por 5,7 metros, llegando a unos 17 metros cuadrados reales.
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Los beneficiarios temen habitar las casitas, debido a que muchas ya registran desprendimientos de paredes y techos caídos, lo que representa un peligro para las familias indígenas. Durante una visita realizada ayer a la comunidad 8 de Diciembre, este Abc constató que varias viviendas quedaron sin paredes ni techos apenas días después de ser entregadas.
Esta tarde, ABC Color visitó la comunidad Ka’aguy Mirĩ también de esta ciudad, donde se levantaron unas 20 viviendas de terciada, pero varias ya están totalmente destechadas y con paredes rotas. Ninguna está siendo habitada por los nativos, quienes temen que las estructuras se derrumben sobre ellos.
El líder comunitario Richard Vargas manifestó que las viviendas “no sirven para nada” y que prefieren seguir viviendo bajo carpas, ya que ofrecen mayor seguridad que las estructuras levantadas por la SEN. Agregó que el proyecto refleja la poca consideración del Gobierno hacia los pueblos originarios, que siguen esperando soluciones dignas y duraderas.
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Lo que dice la SEN
Por su parte, el ministro secretario de la SEN, Arsenio Ramón Zárate, explicó que las estructuras fueron requeridas por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), a través del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), como viviendas provisorias mientras dure el proceso de licitación para las definitivas. Señaló que cada vivienda cuesta G. 2.002.800, pero con viáticos y traslados el monto totaliza G. 3.202.800 por unidad.
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Zárate adelantó que el lunes estará visitando las comunidades beneficiadas para verificar el estado de las construcciones y buscar una solución a los inconvenientes registrados. Sin embargo, las comunidades afectadas reclaman una intervención inmediata, ya que las viviendas entregadas no cumplen su propósito ni garantizan la seguridad mínima para sus habitantes.
