La Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), inició ayer miércoles un total de aproximadamente 20 juicios para ejecutar el cobro de impuestos por alrededor de G. 8.000 millones, según confirmó el director de Asuntos Jurídicos, Jorge Sabaté.
Solo en tres de esos procesos, iniciados contra empresas del rubro de la construcción, automotriz y contribuyentes particulares, las cuentas ascienden a G. 2.373 millones, confirmó Sabaté. En los demás casos, hay también instituciones, así como personas físicas y empresas privadas, precisó.
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Las deudas corresponden a diversos tributos, siendo los más importantes los impuestos inmobiliarios, pero también hay tasas y contribuciones. “Si el contribuyente tiene registro vencido (está incluido), porque es una sola cuenta catastral a la cual se le imputan las deudas”, explicó.
El director explicó que los contribuyentes demandados no son los mismos que integraron la lista que había dado a conocer en su momento el interventor Carlos Pereira. “Esos ya estaban judicializados, estos son nuevos deudores vamos a decir”.
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Buscan acuerdo
Sabaté explicó que el objetivo principal de la medida es lograr que ingresen recursos a la Municipalidad, pero prefieren que sean los contribuyentes los que se acerquen a buscar un acuerdo con la comuna para regularizar su situación tributaria.
Agregó que los juicios para el cobro de los tributos pueden demorar de 6 meses a un año. “La idea no es llegar a esto, sino crear una conciencia en el contribuyente que pague sus impuestos”.
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Precisó que estos morosos tienen deudas que como máximo son arrastradas desde hace 5 años, atendiendo a que después de ese plazo opera la prescripción.
Recordó que hay una promoción que se extiende por todo el mes de octubre que ofrece una reducción del 9%, además de la facilidad del fraccionamiento de los tributos.
Millonaria deuda judicializada
El director de Asuntos Jurídicos remarcó que la comuna tiene en procesos judiciales, deudas por unos US$ 130 millones. De resultar exitosos los juicios, podrían significar una solución de los problemas financieros de la comuna.
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Además, el director explicó que la dependencia a su cargo prepara los documentos para iniciar más juicios para el cobro a otros contribuyentes, empezando por las deudas más importantes.
Turbios manejos
En su informe final, el interventor Carlos Pereira advirtió sobre la existencia de 53.280 juicios de cobranza, por más de US$ 109 millones, en los cuales la Municipalidad se encuentra en calidad de parte y había señalado que ese dato “asusta por el impacto del número potencialmente en alto riesgo patrimonial”.
Durante proceso de fiscalización sobre la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez, Pereira detectó una alta concentración de expedientes judiciales en manos de un pequeño grupo de abogados y funcionarios. Uno de los casos más llamativos es el de Deisy Yohana Balbuena Prieto, funcionaria y abogada de la Municipalidad que fue puesta bajo el escrutinio por llevar casos por G. 45.000 millones.
Pereira también alertó sobre un juicio iniciado en 2017 -entre otros- por Julio “Bollo” González, quien fuera secretario privado del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). En el proceso, se pretendió cobrar US$ 65 millones a la Financiera Urundey S.A., declarada en quiebra en agosto de 1996. Pereira sugirió que podría tratarse de una pasible “maniobra para generar honorarios profesionales que luego serían cobrados al Municipio”.
En su informe, el interventor centró su atención sobre 8 “graves hallazgos judicializados”, entre los que aparece también el caso de las tierras municipales cedidas en uso al Centro de Acción Social Universitaria (CASU) y que, según denuncian concejales cartistas, fue “regalado” por inacción de la gestión de Rodríguez.