En los estudios de ABC Cardinal y ABC Tv, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, explicó este sábado que más de 1.000 personas privadas de libertad cumplen con las condiciones para ser consideradas como potenciales beneficiarias del uso de dispositivos electrónicos de control.
Nicora explicó que esta cifra preliminar fue obtenida tras un exhaustivo trabajo realizado por la Unidad de Seguimiento Procesal del Ministerio de Justicia, que amplió su equipo de uno a diez abogados.
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El sistema penitenciario de Paraguay alberga actualmente a 19.670 personas privadas de libertad, mientras que la capacidad real es solo para 12.000, lo que resulta en un hacinamiento de más de 7.000 personas.
Ataque al hacinamiento y presunción de inocencia
El enfoque principal del Ministerio de Justicia es trabajar sobre el problema de fondo, más allá de construir solo más cárceles, indicó Nicora. Esto implica revisar las causas judiciales y apoyar a los actores de justicia, o sea, el Poder Judicial, Ministerio de la Defensa Pública, Ministerio Público, agregó.
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Una cifra clave que impulsa esta propuesta es que el 64% de los internos (aproximadamente 13.400 personas) están con procesos abiertos y aún no tienen una condena firme o ejecutoriada, detalló el ministro y recordó que la Constitución Nacional establece la presunción de inocencia en estos casos.
Los 1.000 identificados se encuentran en esta situación de procesados. El ministro destacó que son candidatos potenciales para litigar en libertad o cumplir prisión domiciliaria con dispositivos electrónicos. La selección se centra en hechos que no son graves y donde no existe un riesgo serio para la contraparte o la víctima.
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Si estos 1.000 dispositivos fueran implementados, la población penitenciaria total podría reducirse en un 7,5%, y la población de personas procesadas disminuiría en un 10%, detalló. Nicora enfatizó la relevancia del número: 1.000 personas representan la capacidad de casi un centro penitenciario entero.
Ya están “los dólares” para implementar el uso de 1.000 tobilleras electrónicas
Aunque el Ministerio de Justicia identifica a los potenciales beneficiarios, la decisión final de aplicar el dispositivo es competencia exclusiva del juez penal de garantías o el juez de ejecución penal. Dependiendo la situación económica del usuario, los costos los absorbe el Estado.
El ministro aseguró que existe una gran apertura por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para trabajar en el tema. Un factor esencial para la rápida implementación es que los recursos para adquirir los dispositivos ya están disponibles.
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El ministro del Interior, Enrique Riera, logró en el Ministerio de Economía conseguir “los dólares”, dijo Nicora, para los dispositivos electrónicos de control. Este dinero está listo para ser utilizado.
Hay 20 dispositivos electrónicos en uso
Actualmente hay apenas 20 dispositivos electrónicos de control o brazaletes en uso, aunque el viernes se celebró la aplicación de un dispositivo a un interno en San Pedro, que egresó del sistema, informó el ministro.
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Además, Nicora mencionó planes para explorar tecnología complementaria. Tomando como referencia una experiencia positiva en Uruguay, se estudia la posibilidad de usar smartphones que, a través de una videollamada y reconocimiento facial y de movimiento ocular, permitan georreferenciar y verificar que la persona en prisión domiciliaria se encuentre efectivamente en su domicilio, anunció.
Por otro lado, el ministro afirmó que trabajan en mejorar las condiciones de vida dentro de las penitenciarías, como la de Minga Guazú y el nuevo Comple; y subrayó los esfuerzos para combatir la corrupción y promover programas de reinserción social.