San Pedro de Ycuamandyyú: tras el fracaso de su plan de millonaria emisión de bonos, el intendente pide autorización para un préstamo de G. 2.000 millones para pagar salarios

La crisis política y financiera que atraviesa la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú se profundiza. Tras el fracaso del intento del intendente Carlos Quiñónez (ANR-HC) de emitir bonos por G. 48.000 millones, ahora el jefe comunal solicita autorización a la Junta Municipal para acceder a un préstamo de G. 2.000 millones, esta vez con el objetivo de pagar salarios atrasados a funcionarios municipales.

La municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú nuevamente deambula en crisis y la ciudadanía reacciona, se moviliza y se mantiene en vigilancia.
La Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú nuevamente está en crisis y la ciudadanía reacciona, se moviliza y se mantiene en alerta.Omar Acosta, Abc Color

El pedido de autorización para endeudar por G. 2.000 millones a la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú fue presentado en la Junta Municipal por el intendente Carlos Quiñónez (ANR-HC). La nota fue remitida a comisiones para su análisis, con la expectativa de que sea debatida en plenaria en los próximos días.

El intendente Carlos Quiñónez (izq), junto a sus padrinos políticos Freddy D'Ecclesiis, gobernador de San Pedro y Horacio Cartes, presidente de la ANR.
El intendente Carlos Quiñónez (izq.), junto a sus padrinos políticos, Freddy D’Ecclesiis, gobernador de San Pedro, y Horacio Cartes, presidente de la ANR.

La falta de pagos de salarios generó renuncias y un clima de inestabilidad en la Municipalidad de la capital del segundo departamento.

De los bonos al préstamo: misma crisis, diferente estrategia

Inicialmente, el intendente Quiñónez había planteado la emisión de bonos por G. 48.000 millones, supuestamente para financiar obras públicas. Sin embargo, el pedido generó rechazo ciudadano y división dentro de la Junta Municipal, debido a los antecedentes de corrupción durante la gestión del exintendente Gustavo Rodríguez (ANR-HC), procesado por un presunto daño patrimonial de G. 18.000 millones.

La ciudadanía temía una repetición del manejo discrecional de fondos. La votación sobre la petición dejó en evidencia una fractura política: los concejales oficialistas (ANR y un liberal) respaldaron el proyecto, mientras que los opositores de diferentes partidos lo rechazaron.

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Crisis política agrava el escenario

La situación financiera se ve agravada por una crisis política institucional en la Junta Municipal. Tras el fallecimiento del concejal Christian David Peralta Irala, se generó una controversia por la sucesión, entre Apolonio Álvarez (ANR) y Mabel González (PLRA).

El presidente de la Junta Municipal, Pascual Ocampos (ANR), permitió el ingreso de Álvarez sin nuevo juramento, alegando que ya lo había hecho como suplente temporal. La bancada liberal y otros concejales calificaron el acto como una violación del reglamento interno y, al respecto, elevaron una consulta formal al Tribunal Electoral, dejando en duda la legalidad de varias sesiones.

Durante una sesión, el concejal Silvio Irala (ANR) solicitó anular las sesiones en las que participó Álvarez y convocar a un juramento conforme a derecho, pero la mayoría oficialista volvió a tomar juramento al edil sin esperar resolución judicial, propiciando un nuevo foco de tensión.

Gestión debilitada, presión social y candidaturas en disputa

En este contexto, la ciudadanía exige transparencia, legalidad y respeto institucional, mientras que el municipio permanece atrapado entre intereses partidarios, reclamos sociales y una administración que no logra recuperar credibilidad ni estabilidad.

La situación se complica aún más por disputas internas dentro del Partido Colorado, de cara a las elecciones internas, lo que agita aún más un ambiente ya cargado de incertidumbre.