En la sesión ordinaria de este miércoles, la Junta Municipal de Asunción dejó sin efecto la resolución del 20 de agosto, por la cual había revocado el convenio con la Universidad Metropolitana de Asunción. La institución educativa, propiedad del concejal Juan José Arnold (ANR- disidente) y su familia, había cobrado más de G. 13.500 millones, producto de ese acuerdo, firmado en 2016.
La aprobación del dictamen que restituyó la vigencia del convenio se dio sin oposición ni debate. Solamente los concejales Pablo Callizo (PPQ), Paulina Serrano (PPQ) y René Calonga (ANR-cartista), dejaron constancia de su abstención.
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Juan José Arnold estuvo ausente, al igual que sus colegas Jazmín Galeano (PPQ), Álvaro Grau (PPQ), Ceres Escobar (ANR-cartista), Nasser Esgaib (ANR-cartista) y Jesús Lara (ANR-disidente).
Sin embargo, el convenio con la universidad había sido anulado apenas dos días antes de la presentación del informe del interventor, Carlos Pereira, quien reportó serias irregularidades en ese acuerdo. Para su anulación, los concejales habían argumentado el conflicto de intereses de su colega Arnold, quien es a su vez director administrativo de la institución.
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Cobró de bonos G8
En su informe, el interventor Carlos Pereira documentó que durante la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez se pagaron G. 429 millones con dinero de los bonos G8, emitidos para obras, por becas para funcionarios y familiares, en la Universidad Metropolitana de Asunción. Los pagos se hicieron, además, el 20 de abril de 2023, apenas 10 días antes de las elecciones generales de ese año.
Estos pagos formaron parte del monumental desvío de G. 512.000 millones de la cuenta de los bonos G8, emitidos en 2022, que debían ser destinados a obras, pero que el exintendente desvió a gastos corrientes.
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La fiscalización a la gestión de Rodríguez, por parte del interventor, documentó además serias inconsistencias en la aplicación del acuerdo, entre ellas, una absoluta falta de control del cumplimiento del convenio por parte de la Universidad.
Según consta en el informe, Pereira detectó que de los G. 748 millones que solicitó en pago la universidad en mayo de este año, por 378 becarios, 111 cupos estaban bacantes. O sea, no correspondía que la casa de estudios reclame el pago de G. 220 millones. En el informe consta además que este hecho fue admitido por la propia universidad, por nota, el 7 de abril de este año.
Nulo control
El informe del interventor documentó además que entre las contraprestaciones de los beneficiarios de las becas, se exigían servicios comunitarios por 192 horas al año, lo que significaba 8 horas al día, con una carga máxima de 40 horas semanales durante el mes.
Sin embargo, según información recabada por el equipo interventor, los servicios consistían en la asistencia a plazas y parques los días sábados, sin tarea específica definida.
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Además, el reporte del interventor agrega que recién desde 2024 se realizaron controles de asistencia, con baja concurrencia y nulas evidencias del cumplimiento de los requisitos.
Juan José Arnold (ANR-disidente) formó parte de la mayoría de 14 concejales que apañó la gestión de Rodríguez, aprobando las rendiciones de cuentas de 2023 y 2024, cuando ya era de conocimiento público la denuncia del desvío de G. 500.000 millones de los bonos para obras. También acompañó a Luis Bello (ANR- cartista) para suceder a Rodríguez.
La renuncia de Nenecho
Liderada por Carlos Pereira, la intervención a la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - HC), se realizó del 23 de junio al 22 de agosto, día en que el intendente renunció, presionado por su inminente destitución. El informe final del interventor documenta el desvío de G. 512.000 millones que eran para obras, pero se despilfarraron en gastos corrientes, incluidos los millones que fueron a parar a la universidad de Arnold.