El pasado 25 de septiembre, los abogados María Esther Roa y Guillermo Ferreiro, presentaron denuncia ante el Ministerio Público contra el presidente de la república Santiago Peña Palacios. Lo mismo realizó un grupo de legisladores, encabezados por la diputada Johanna Ortega (País solidario) el pasado 2 de octubre. Ambas están relacionadas al caso conocido como los “sobres del poder”.
Ambas fueron presentadas en la oficina de denuncias de la Fiscalía General del Estado (FGE) y, desde la semana pasada ya se derivaron a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), que está a cargo de la fiscala Adjunta María Soledad Machuca, informó a ABC el fiscal general Emiliano Rolón.
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Las dos denuncias se encuentran sometidas a un examen de correspondencia en la unidad del Ministerio Público. Esto consiste en una evaluación de los hechos denunciados, los montos indicados y otros datos más a fin de considerar la relevancia de los mismos, si amerita la apertura de causa penal o se unifican las mismas en una sola investigación.
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El director de la Unidad de Delitos Económicos, Nelson Salinas, es el encargado de llevar de evaluar la correspondencia a finde concluir si amerita la persecución penal o no.
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Denuncias contra Santiago Peña por los “sobres del poder”
Tras la presentación de la denuncia en Fiscalía Roa manifestó, “pasaron dos semanas sin que el Ministerio Público abra oficiosamente una investigación penal y eso es grave, otra vez la ciudadanía debe abordar esta responsabilidad y recordarle a Emiliano Rolón (fiscal general del Estado) que este es su oficio, su obligación constitucional”.
Roa opinó que, con base en los datos revelados, pueden configurarse hechos punibles como lesión de confianza, cohecho, soborno, enriquecimiento ilícito, asociación criminal y lavado de dinero.
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Por otra parte, la denuncia presentada por los legisladores señala que Peña dejó el Ministerio de Hacienda (actual Ministerio de Economía y Finanzas) con un patrimonio aproximado de G. 2.300 millones y declaró un patrimonio de unos G. 23.000 millones- de los cuales al menos G. 10.000 millones no tienen explicación clara - al asumir la Presidencia, seis años después.
Los legisladores opositores también exigen que se investiguen las denuncias de la supuesta circulación de sobres y bolsas con grandes cantidades de dinero en efectivo en Mburuvicha Róga que hizo una exempleada de la residencia presidencial.
El caso de los “sobres del poder”
La excoordinadora de Mburuvicha Róga Luz Maribel Candado Romero, relató una serie de hechos que dan indicios a la comisión de hechos punibles en torno a los manejos en la residencia presidencial, actualmente ocupada por el presidente Santiago Peña Palacios.
La destituida empleada relató sobre el hallazgo de un sobre y una bolsa con US$ 100.000 en cada paquete, es decir, US$ 200.000 (alrededor de G. 1.440 millones a la cotización de entonces). En ese caso, Luz Candado –según su testimonio– estuvo como intermediaria. Es decir, existe otra persona que estuvo como testigo en primera persona del hallazgo e incluso quedó el registro en un mensaje enviado vía WhatsApp.
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Otra evidencia de relevancia tiene que ver con el supuesto robo de dinero en efecivo en la residencia presidencial. La exfuncionaria contó que ese suceso se usó como motivo para someterla a ella, a su hijo Fabrizio Romero, a su hermana Liliana Candado e incluso a su esposo, Hugo Romero (sin ser funcionario público), a pruebas poligráficas.
Lo raro es que nadie hizo una denuncia oficial, a pesar de que una comisaría está al lado de la residencia presidencial.
En otras palabras, el testimonio de Luz Candado era revalidado desde el primer día de difusión.
A esta reconfirmación se sumó otra evidencia más revalidada con el transcurrir de los días. Y tiene que ver con el uso de polígrafos, que el mismo ministro de Defensa Nacional, Óscar González, se encargó de reconocer que se usó para cuatro civiles.