La investigación realizada con relación a denuncias de víctimas de la mafia de los pagarés alcanzó ahora a la jueza de Paz de Luque, Norma Beatriz Ortiz Ruiz Díaz y a 18 funcionarios judiciales. En la sesión ordinaria de hoy, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dispuso la apertura de un sumario y la suspensión de la titular de la referida sede judicial, así como de sus funcionarios.
La medida es con goce de salario básico, pues así votaron en mayoría los ministros Eugenio Jiménez, Víctor Ríos, María Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera y César Diesel. Los ministros Manuel Ramírez Candia, Gustavo Santander y César Garay votaron por la suspensión sin goce de sueldo de todos los involucrados en las anomalías detectadas.
“Este es un caso que se ha hecho una investigación preliminar y se han encontrado irregularidades importantes indudablemente, pero creo que todavía no está cerrada la investigación; por tanto, en este caso y excepcionalmente, pido que (la suspensión) sea con el goce de salario mínimo”, argumentó Jiménez Rolón, superintendente de la circunscripción judicial de Central.
La medida adoptada se da como consecuencia del resultado de la auditoría de gestión realizada por la Dirección General de Auditoría de Gestión en el pasado mes de mayo, que abarcó la revisión de más de mil expedientes.
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Antecedentes de irregularidades detectadas en Luque, al JEM y al MP
Asimismo, se dispuso la remisión de los antecedentes del caso al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Ministerio Público, para la adopción de las medidas que consideren pertinentes al caso.
La nómina de los funcionarios suspendidos no fue mencionada en la sesión, pero los expedientes corresponden a las dos secretarías. Esta tarde, la CSJ, a través de su página web, divulgó la lista de los afectados por el sumario y la suspensión y que son los actuarios Elena Noemí Ojeda, Raúl Ernesto Jara Foth y Adriana Yudith Flecha Roldán y el ujier notificador Sergio Daniel Orué Sanabria.
La nómina sigue con los oficiales de justicia Rolando Britos Marín, Alma Valeria Villalba, Silvio César Mareco, Martha Isabel Ramírez, Cristian Ramón Amarilla Closs, Marcos Norberto Enciso Arias, Ignacio Ariel Franco Benítez, Mario Rafael Leguizamón, Willian Marcos Aquino Almirón, Máximo Derlis Lugo Jara, Víctor Manuel Ruiz González, Víctor Manuel Álvarez Torres, Heriberto Osvaldo Britos Mongelós y Víctor Javier Encina Arce.
Los antecedentes del caso revelan que el equipo auditor detectó graves irregularidades en 1.064 expedientes seleccionados al azar y que constituyen violaciones a la defensa en juicio, a los derechos procesales y al Código de Ética Judicial.
Mafia de los pagarés dejó un tendal de damnificados
Actualmente, se encuentran en estudio acusaciones presentadas recientemente en contra de 67 personas, entre ellas juezas y exjueces de cinco juzgados de Paz de la capital, actuarios, ujieres, oficiales de justicia y abogados representantes de empresas crediticias.
Los requerimientos conclusivos mencionados, que hacen a las actuaciones detectadas en los juzgados de Paz de San Roque, La Encarnación, La Recoleta y La Catedral, primer y segundo turno, dejaron al descubierto el deleznable contubernio entre los involucrados, para despojar a los demandados de millonarias sumas de dinero en juicios tramitado totalmente a espaldas de los afectados.
Recordemos que unas cinco mil personas se presentaron como víctimas de la mafia de los pagarés en todo el país, razón por la que existen otras investigaciones en curso sobre dudosas actuaciones observadas en otras sedes judiciales y que podrían derivar en nuevas imputaciones y acusaciones.