En Santa Rosa del Aguaray, en la zona rural del asentamiento Pedro Giménez, la entrega “popular” de parcelas comenzó sin la intervención de las autoridades. Cada familia accede a entre 3 y 4 hectáreas de las 300 invadidas.
Según confirmaron los propios dirigentes, desde hoy comienzan a dividir las tierras en lotes de entre 3 y 4 hectáreas por familia, con la intención de regularizar más adelante la tenencia. La comisión está integrada por unas 100 personas, que ya instalaron carpas precarias y cultivan en el predio. “Ya estamos distribuyendo entre nosotros. Cada familia ya tiene su parcela y comienza a trabajar. Esta tierra no puede estar en manos de alguien ajeno a la reforma agraria”, señaló Ranulfo Vázquez, vocero del grupo.
Los ocupantes afirman que el inmueble forma parte de una reserva del asentamiento Pedro Giménez. En días pasados, expulsaron a un colono menonita que presuntamente cultivaba el predio bajo arrendamiento, y aseguraron que no permitirán el regreso de terceros al lugar.
No es la primera vez que este inmueble genera tensión. En diciembre de 2010, el mismo grupo de campesinos se enfrentó a guardias privados del entonces ocupante Teresio López, en un incidente que incluyó tiroteos.
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Exocupante condenado por narcotráfico
En mayo de este año, un Tribunal de Sentencia condenó a Teresio López, quien usufructuaba la tierra, a 14 años de prisión por narcotráfico. También fueron condenados otros cinco integrantes de una organización que utilizaba una estancia en el Chaco como base para el acopio y distribución de drogas.
El líder del grupo criminal, Waldemiro Ymas González, hermano del exfiscal y exjuez Blas Imas, recibió 18 años de cárcel, mientras que Édgar Cantero Martínez fue condenado a 16 años de prisión.
Los campesinos sostienen que permanecerán en el lugar mientras buscan legalizar la ocupación. Solicitan la presencia del Indert y otras instituciones para avanzar en un proceso ordenado y evitar mayores conflictos.
Mientras tanto, la distribución informal de las tierras avanza, generando preocupación por la falta de control legal y la posibilidad de nuevas tensiones.
“Estamos haciendo lo que el Estado no hace: repartir la tierra para trabajar”, expresó uno de los dirigentes.