La coordinadora de víctimas de la “mafia de los pagarés”, Gabriela Sanabria, habló sobre el pronunciamiento que emitieron ante la falta de acciones concretas para resguardar los derechos de los afectados por este esquema, que, a pesar de las denuncias, continúa funcionando. Señalan que cambian los mecanismos, pero siguen presentándose casos nuevos de cobros dobles por pagarés.
Las principales víctimas de este esquema son docentes y funcionarios públicos. En el caso de los profesores, manifestaron que los cobros judiciales llegan a embargar todo el salario del trabajador, lo cual consideran ilegal.
Estiman que en Itapúa son más de 3.000 personas afectadas, mientras que a nivel nacional alcanzarían las 17.000.
La representante destacó la apertura de nuevas causas e investigaciones vinculadas al caso, en particular las que alcanzan a los jueces de Paz de La Encarnación, La Recoleta y La Catedral 2° Turno.
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Piden acciones firmes
La asociación de víctimas exige que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) asuma una postura crítica sobre estos casos y que garantice el tope del 25% del salario embargable, en caso de que involucren a docentes. “Hay casos de profesores que tienen casi el 100% de su salario embargado, llegan a fin de mes y cobran G. 70.000 o G. 100.000 nada más”, explicó Sanabria.
Celebraron que algunas investigaciones estén avanzando, pero lamentan que no haya ningún tipo de amparo que proteja a las víctimas actuales. “Nos parece bien que se tomen medidas a futuro, pero ¿qué pasará con quienes están siendo perjudicados por este esquema ahora?”, refirió.
También criticaron la postura asumida por la Corte Suprema de Justicia, que debería velar por los derechos de los afectados e investigar la posible complicidad del sistema con este esquema, que se aprovecha de la vulnerabilidad de los trabajadores.