El sistema público de salud de Paraguay se encuentra en una situación de alarma tras el análisis del proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 para el Ministerio de Salud Pública (MSPBS).
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El senador Rafael Filizzola, de la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP), ha manifestado una profunda preocupación, no solo por los drásticos recortes, sino también por el incumplimiento del Ministerio de Salud, que no presentó una adenda presupuestaria que garantice una mejor atención en hospitales referencia y de alta demanda.
En 2025, el presupuesto del Ministerio de Salud es de G. 9.715.652.568.518 (US$ 1.408.065.589), mientras que para 2026 aumentaría un 4.93%, subiendo el presupuesto -según proyecto- a G. 10.195.243.348.085 (US$ 1.477.571.499). Sin embargo, este incremento resulta insignificante considerando las necesidades sanitarias existentes en Paraguay y además, la cartera sanitaria, liderada por María Teresa Barán, aplicará millonarios recortes a establecimientos como el Hospital de Trauma, Ineram (Instituto de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente), Hospital Barrio Obrero, Hospital Nacional de Itauguá, entre varios otros.
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Filizzola confirmó que, a la fecha, la Bicameral no ha recibido ninguna solicitud de adenda para garantizar la asistencia en salud pública. “Ante nuestras consultas, la ministra (Barán) respondió que enviarían una adenda. Hasta hoy, no hemos recibido ninguna solicitud formal para restituir los fondos recortados para hospitales, como tampoco para el fondo de vacunas”, aseguró.
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Recorte presupuestario: salud pública en riesgo
El recorte más alarmante es el que sería aplicado a la compra de biológicos o vacunas, según se puede leer en el proyecto de ley disponible en la web del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En el documento se observa que el presupuesto reduce el fondo para vacunas de G. 337.318 millones en 2025 a G. 120.745 millones en 2026, lo que implica una reducción de G. 216.573 millones.
La ministra Barán se había comprometido a corregir esta situación, pero sin una adenda este programa se mantiene desfinanciado, poniendo en grave peligro la cobertura de vacunas a nivel nacional.
El presupuesto para los principales centros asistenciales del país también sufre en el presupuesto 2026 un millonario recorte. Como ejemplo, se pueden citar el Hospital de Coronel Oviedo, que tendrá una reducción de G. 45.275 millones; el Hospital de Trauma, con G. 8.129 millones menos y, el Hospital Nacional de Itauguá que tendría G. 6.629 menos el año que viene.
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Estos millonarios recortes, si no son revertidos por una adenda, profundizarán las necesidades sanitarias y afectarán la calidad de la atención a la ciudadanía que acude a los servicios públicos.
Contradicción en la lucha contra las adicciones
En un análisis realizado por la Comisión Bicameral de Presupuesto, se cuestiona incluso que programas anunciados como prioritarios por el Poder Ejecutivo están desfinanciados.
El Plan Sumar para el control de adicciones, que opera a través del Centro Nacional de Prevención y Control de Adicciones, sufre una reducción de más de G. 3.346 millones. La falta de acción del Ministerio de Salud contradice el supuesto carácter prioritario de esta política, tantas veces ensalzado desde su aplicación por el gobierno de Santiago Peña.
¿La salud no es prioridad?
Un análisis general del presupuesto de salud para 2026 revela que el proyecto solo prevé un ínfimo aumento sobre el presupuesto general vigente, una proporción que los legisladores consideran “poco razonable” para lograr una mejora sustancial en un sistema con carencias históricas.
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La falta de una respuesta formal y urgente por parte del Ministerio de Salud para subsanar los recortes a través de una adenda, ha llevado a cuestionar si la salud pública es realmente una prioridad para el Gobierno.